Después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, en el Proyecto de Ley Miscelánea del gobierno de Kast, se entra en una fase de retroceso, que parece ser parte de una manera de entender la vida, donde lo único importante es lograr beneficios para los poderosos de la sociedad.

Aquel artículo octavo

En 1980 la dictadura consiguió, mediante un plebiscito fraudulento, aprobar un texto constitucional. Era el diseño de Jaime Guzmán, apoyado en su redacción por Jaime del Valle, Sergio Fernández y Enrique Ortúzar. Se trataba de prolongar una situación compleja: con apariencias democráticas mantener el diseño de la dictadura, donde en definitiva todo fuera manejado por los que entonces mandaban políticamente y con apoyo militar, aunque fuesen minoría.

Parte sustancial del texto era el artículo octavo, que decía: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”.

Y agregaba en el inciso siguiente que: “Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”.

¿A dónde se iba?

¿Qué es “atentar contra la familia” o sostener una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases? Claramente se refería este texto en forma directa a la ideología marxista y, como lo habían sostenido los voceros de la dictadura y muchos jueces, son responsables de lo mismo quienes apoyaban, justificaban, permitían o se aliaban con los partidos de inspiración marxista.

En esos años se hablaba sin ambages sobre que esas doctrinas y las conductas derivadas eran terrorismo por el solo hecho de sostenerlas, aunque no hubiera actos de esa naturaleza.

El texto añadía que sería el Tribunal Constitucional quien establecería si las personas estaban en esa situación, probablemente a requerimiento de cualquier ciudadano, pues no se dice en el artículo. Luego venía la marginación completa por diez años de toda actividad política, agregándose que tampoco podían dirigir establecimientos de educación, ni enseñar.

En la misma línea se les prohibía desempeñarse en funciones relacionadas con medios de comunicación ni ser dirigentes de organizaciones “relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo”. La reincidencia sería castigada con una pena correspondiente al doble: 20 años más.

Siguiendo la línea

Como una tenebrosa coincidencia, el actual gobierno sigue con entusiasmo las aguas del pinochetismo, al que desde el propio presidente José Antonio Kast hasta muchos de los dirigentes y autoridades recién asumidas adhirieron sin límite. Estas personas no han dudado en justificar las más atroces violaciones de los derechos humanos.

Claramente temen –como Pinochet y Guzmán– todo aquello que guarde relación con el desarrollo de las artes, especialmente la música y la literatura, pues suponen que sus textos contienen elementos peligrosos para “la familia”, para la “moralidad” y, en definitiva, para la seguridad de la sociedad.

Pues los escritores y autores de letras de canciones –y por cierto también los pintores y dramaturgos– tienden a expresar contenidos en los que se expresa la libertad de pensamiento y una emocionalidad que cuestiona muchos aspectos de como vivimos, en la sociedad actual.

Lo mismo sucede con los que quieren estudiar en el extranjero para perfeccionarse, ya que se corre el riesgo de que reciban influencias o adoctrinamientos que tiendan a sostener ideas contrarias a la mirada oficial de hoy.

Esa mirada o enfoque de la vida social es el que sostienen los sectores más poderosos económicamente y que con sus recursos manejan muchísimas instituciones de educación (colegios y universidades) y casi todos los medios de comunicación.

Por eso, se han sugerido, orientado y decretado suspensiones de becas. Todo intelectual es sospechoso, no sólo los de las disciplinas sociales, pues no olvidan a personajes como Humberto Maturana que, siendo un gran científico, levantó su voz contra la dictadura.

Coincidencia, no casualidad

Estamos ante un nuevo artículo octavo, sobre el que quiero llamar la atención.

Para el caso de los escritores, músicos, cineastas, medios de comunicación escritos o no, se propone ahora en aquel proyecto misceláneo una norma que, coincidentemente, está en el artículo octavo.

No está de más decir que este tipo de proyectos que contienen materias diversas fue calificado por los dirigentes de la derecha como “cajón de sastre” y prácticamente fueron limitados. Sin embargo, en medio de medidas económicas y tributarias, se encaja una norma que agrega un artículo a la Ley de Propiedad Intelectual.

Allí se dice: “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

El retroceso y el miedo

Es decir, después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, como una manera de asegurar su libertad, la justa retribución por sus obras y, por lo tanto, la posibilidad de seguir creando, se entra en una fase de retroceso.

Porque piensan que los creadores pueden resultar peligrosos y que todos los escritores somos comunistas, izquierdistas o cualquier calificativo cercano. Eso a ellos, los que hoy gobiernan, les parece peligroso, de alto riesgo para sus intereses y sus propósitos no siempre reconocidos de resucitar el pinochetismo y las propuestas de Jaime Guzmán. Tienen miedo. Es cierto que, por ahora al menos, les faltará un “Contreras Sepúlveda” como lo tuvo Pinochet.

Alzando la voz

A este proyecto se han opuesto o al menos expresado dudas, incluso dirigentes de la derecha con convicciones democráticas, como el senador Cruz-Coke y muchos empresarios de medios de comunicación.

Otros prefieren callar y aún los hay que justifican y promueven este tipo de materias. Pues así van marginando a los creadores y comunicadores que no estamos de acuerdo con ese enfoque y sus obras pasarán quizás a una lista sospechosa, como sucede ahora en Estados Unidos en una especie de repetición sutil de lo que fue el descarado macartismo de la década iniciada en 1950. Se trataba de una persecución política a comunistas (ahora serían terroristas u otros enemigos), caracterizada por acusaciones sin pruebas, listas negras y audiencias televisadas, difamando a funcionarios, artistas e intelectuales, durante una etapa oscura liderada por el senador Joseph McCarthy.

Si a esto agregamos la disminución de presupuestos de proyectos, basada en simples prejuicios o en opiniones contrarias a su ideología que se ha ordenado y aplicado en el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, podemos refrendar que estamos frente a una operación más global y dirigida a los peores objetivos.

Una mirada parcial

Artículos octavos que se orientan hacia la imposición de una sola mirada de la realidad.

Es una coincidencia el número –que en la tradición holística habla de la creación de nuevos órdenes– pero los textos reflejan claramente la intención.

Son quizás formas de expropiación encubierta de los derechos intelectuales, pero a diferencia de las expropiaciones de bienes raíces, esto se hace sin siquiera informar al expropiado.

Esta es una grave amenaza para el patrimonio cultural y la sostenibilidad económica de los creadores nacionales y constituye una falta de respeto a las personas que verán perjudicado su patrimonio cultural y, por qué no decirlo, económico.

Protesto enérgicamente y miro con inquietud todas las medidas que el gobierno está tomando o insinuando tomar: finalmente se favorece a los poderosos –a los que pertenecen a la elite– y se deteriora la vida en todos los planos a los sectores medios.

Es hora de que pongamos atención, pues el plan que se lleva adelante puede ser muy peligroso y nefasto.