La presentación del proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la “megarreforma” del Gobierno, ha encendido las alarmas en el mundo de la cultura y las comunicaciones debido a su polémico artículo 8.
En términos sencillos, esta normativa pretende introducir una excepción estructural en la Ley de Propiedad Intelectual mediante la creación del artículo 71 T, el cual permitiría el uso de obras lícitamente publicadas sin necesidad de autorización ni remuneración a sus titulares.
No obstante, la medida ha sido calificada como una vulneración a los derechos de propiedad intelectual por gremios que advierten que el material quedaría desprotegido frente a grandes centros de datos.
¿Qué dice el artículo 8 de la megarreforma sobre la propiedad intelectual?
Lo que establece específicamente esta modificación es la incorporación del Artículo 71t, que crea una excepción al derecho de autor. En concreto, permite que se realicen actos de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de obras que ya hayan sido lícitamente publicadas, sin que sea necesario pedir permiso al autor ni pagarle por dicho uso.
Esta libertad de uso se restringe exclusivamente a actividades de extracción, comparación, clasificación o cualquier otro tipo de análisis estadístico de grandes volúmenes de datos como lenguaje, sonido o imagen.
Se trata de una disposición incorporada al final del Título III de dicha ley, el cual aborda las limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos conexos. A continuación, puedes leer el artículo completo que se busca incorporar:
Artículo 8.- Agrégase en la ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual un nuevo artículo 71 T, del siguiente tenor:
“Artículo 71 T.- Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas.”.
En la práctica, esto podría permitir que empresas o centros de datos utilicen material protegido para entrenar sistemas de inteligencia artificial (IA) mediante la “minería de datos” sin compensar a los creadores. Eso sí, la normativa establece como condición que este uso no debe constituir una “explotación encubierta” de las obras protegidas.
¿Por qué el artículo ha generado controversia?
El Gobierno defiende la medida argumentando que busca fomentar la inversión y aprovechar el potencial económico de la minería de datos. “La Ley de Propiedad Intelectual tiene numerosas excepciones, tiene la a, la b, la c, etc., llega hasta la letra s. Acá estamos proponiendo que llegue a la letra t, y que la letra t diga que también queda excluido el uso en centros de datos, minería de datos”, sostuvo el ministro de Hacienda, según consignó El Mercurio.
Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores. Organizaciones como la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alertan que esto vulnera los derechos de autor, debilita la sostenibilidad económica de los medios y deja las obras a merced de la IA sin control ni reconocimiento.
“El debate sobre la inteligencia artificial y sobre las excepciones al derecho de autor no puede resolverse sacrificando los derechos de quienes producen la información que da sustento a la vida democrática”, señalaron desde la ANP.
Desde la SCD, por su parte, argumentan “que un artículo plantee que cualquier herramienta de IA puede utilizar material protegido sin ningún tipo de autorización, sobrepasa los horizontes de cualquier legislación en torno a la protección autoral, y plasma una visión en donde se desprotege al más débil —los autores— frente a la tecnología y los grandes conglomerados informáticos que la manejan”.
Los detractores recuerdan que esta disposición ya fue rechazada anteriormente por la Cámara de Diputados durante la tramitación de una ley específica para regular la inteligencia artificial. “Esta disposición ya fue discutida y rechazada anteriormente por la Cámara de Diputados y Diputadas en la tramitación del proyecto de ley que regula sistemas de inteligencia artificial, donde generó amplias objeciones por afectar los derechos de autor”, afirmó el comunicado de la Anatel.
En pocas palabras, expertos y gremios cuestionan que se intente introducir un cambio tan profundo en la propiedad intelectual dentro de una “ley miscelánea” de reconstrucción, en lugar de discutirlo en el marco legal correspondiente a la IA.
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