¿Redes personales o plataformas financiadas por el Estado?

Las redes sociales dejaron hace mucho tiempo de ser un simple espacio para compartir fotografías o mantener contacto con amigos. Hoy son una de las herramientas más poderosas para construir influencia, instalar mensajes y posicionar liderazgos. En ese escenario, alcaldes, gobernadores y autoridades de todos los sectores políticos compiten diariamente por captar atención en plataformas que califican como “personales”. Sin embargo, basta revisar cualquiera de estas cuentas para advertir que estamos lejos de una red social común y corriente.

Videos grabados desde múltiples ángulos, fotografías profesionales, tomas aéreas con drones, edición audiovisual especializada, diseño gráfico, musicalización, subtítulos dinámicos y publicaciones permanentes durante todo el día. El resultado es una imagen cuidadosamente construida que muestra a la autoridad inaugurando obras, recorriendo barrios, haciendo deporte, cocinando, compartiendo con su mascota o participando en actividades recreativas. Y es aquí donde surge una pregunta que, a mi juicio, merece una respuesta institucional clara: ¿Qué tan personales son realmente estas cuentas?

Porque detrás de cada publicación existe alguien que graba, alguien que edita, alguien que administra la cuenta, alguien que planifica la estrategia comunicacional y alguien que analiza el rendimiento de cada contenido.

La pregunta evidente es: ¿quién paga todo eso?

La discusión no es si las autoridades tienen derecho a utilizar redes sociales. Por supuesto que lo tienen. Tampoco se trata de limitar la comunicación con la ciudadanía ni de cuestionar la libertad de expresión de quienes ejercen cargos públicos. El problema es otro.

La Contraloría ha avanzado en regular el uso de redes sociales institucionales, pero sigue existiendo una pregunta incómoda que nadie parece querer responder. Si una cuenta es personal, ¿pueden funcionarios públicos, equipos de comunicaciones, equipamiento fiscal y recursos financiados por el Estado destinarse a fortalecerla y posicionarla? Porque si esos recursos se utilizan para aumentar seguidores, alcance, visibilidad e influencia de una cuenta que pertenece a una autoridad y no a una institución, entonces la discusión deja de ser tecnológica o comunicacional y pasa a ser una cuestión de probidad administrativa. En esa línea si existe una zona gris en esta materia, es precisamente la Contraloría la llamada a fijar los límites.

Lo más llamativo es que esta práctica parece haberse normalizado. Da lo mismo el color político, la comuna o la región. Basta observar las redes sociales de cualquier autoridad para advertir que existe una estructura comunicacional completa operando detrás de cuentas que formalmente siguen siendo personales. Y eso abre una discusión mucho más profunda.

Los seguidores, el alcance, la influencia y el posicionamiento digital no pertenecen al municipio, al gobierno regional ni al servicio público respectivo. Pertenecen a la persona. Son activos digitales que permanecen en poder de la autoridad incluso cuando deja el cargo.

Por eso la pregunta de fondo no es quién administra la cuenta. La pregunta es si resulta correcto que recursos financiados por todos los contribuyentes sean utilizados para fortalecer, desarrollar y posicionar activos digitales de carácter personal. No importa si la autoridad es de izquierda, centro o derecha. La probidad administrativa no tiene color político.

La tecnología cambia, las plataformas evolucionan, las estrategias comunicacionales se vuelven cada vez más sofisticadas, pero los principios de transparencia, probidad y correcta utilización de los recursos públicos deben seguir siendo exactamente los mismos. Porque si una cuenta es personal, resulta legítimo preguntarse por qué su crecimiento, administración y posicionamiento deberían financiarse con recursos de todos los chilenos.