Colombia: Abelardo y la propuesta indecente

Colombia entró a una segunda vuelta entre un candidato que ofreció transar con el crimen organizado y un oficialismo que, por boca del presidente saliente, amaga con desconocer el voto. Las dos cosas, por razones opuestas, deberían inquietar a América Latina.

Hay una película de 1993 que casi nadie recuerda por su trama y casi todos por su dilema. En Una propuesta indecente, un millonario le ofrece un millón de dólares a un matrimonio en quiebra a cambio de una noche con la esposa. El marido, asfixiado por las deudas, acepta. La película no trata, en realidad, sobre la noche. Trata sobre el día después: sobre lo que una pareja descubre que ha vendido cuando ya no puede recomprarlo. El dinero era lo tangible. Lo que se transó —la confianza, el límite, la idea misma de que había cosas que no estaban en venta— era lo intangible. Y lo intangible, una vez entregado, no vuelve.

Colombia acaba de recibir, en las urnas, una propuesta de esa naturaleza. Para entenderla, los lectores chilenos primero necesitan saber quién la formuló, porque su nombre todavía no dice gran cosa al sur del continente.

Quién es Abelardo

Abelardo de la Espriella es un abogado penalista de Montería, costeño, mediático, millonario y deliberadamente estridente. Durante años fue el defensor de clientes incómodos —paramilitares, narcotraficantes, figuras públicas en aprietos— y uno de ellos pesa más que todos: Alex Saab, el empresario barranquillero señalado como el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro, hoy procesado en Estados Unidos.

De la Espriella lo defendió desde 2013, llegó a llamarlo “amigo personal”, y a una semana de la elección el periodista Daniel Coronell reveló en la revista Cambio que entre 2014 y 2015 el actual candidato se benefició de giros por más de 370.000 dólares procedentes de empresas de Saab. No hay, hasta hoy, fallo judicial que lo califique como delito; sí una pregunta política que su antichavismo de campaña no logra disolver.

Sin partido tradicional detrás, con un movimiento propio —Defensores de la Patria— y casi cinco millones de firmas, De la Espriella construyó una candidatura de espectáculo y autoridad. Da discursos tras un cristal antibalas. Promete reducir el Estado en torno a un 40%, eliminar cientos de miles de cargos públicos, pasar de diecinueve a diez ministerios, modernizar la recaudación con inteligencia artificial. Y, sobre todo, ofrece orden: siete a diez megacárceles inspiradas en el CECOT de Nayib Bukele, con presos de pan y agua; militarización; fumigación aérea; fin de las negociaciones de paz; cadena perpetua para asesinos de niños.

Es, en una fórmula que circula entre los analistas, un collage: la motosierra de Milei, la cárcel y la estética de Bukele (se afeita y viste a la usanza del líder salvadoreño), y la forma plebiscitaria del líder que viene a refundar la patria.

El domingo 31 de mayo, ese collage funcionó. De la Espriella ganó la primera vuelta con cerca del 43,7% de los votos —más de diez millones— por delante de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico y heredero del presidente Gustavo Petro, que obtuvo el 40,9%. Como ninguno superó la mitad más uno, todo se define en una segunda vuelta el 21 de junio. El outsider que las encuestas trataban con desdén hace meses llega como favorito a la Casa de Nariño. Daniel Noboa lo felicitó desde Ecuador; la derecha uribista, derrotada, se plegó a su candidatura de inmediato, prácticamente garanrizando su triunfo en segunda vuelta.

La elección como diagnóstico

Pero esta columna no pretende ser un perfil. En el marco del análisis del proceso latinoamericano y colombiano, lo que corresponde señalar es una advertencia. Porque lo que esa primera vuelta retrata no es solo el ascenso de una ultraderecha más; es una Colombia metida en un camino de altísima complejidad, donde los dos polos que se disputan el poder erosionan, cada uno a su manera, las cosas intangibles sobre las que se sostiene una república.

En un extremo, el candidato favorito puso sobre la mesa, como bandera inaugural de su campaña, una idea que merece llamarse por su nombre: una propuesta indecente.

La planteó por primera vez en 2021 y la reactivó en noviembre de 2025, al lanzarse, como su “primera propuesta”: legalizar el 10% de los capitales ilegales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal “y toda suerte de delitos”. El mecanismo, en sus propias palabras recogidas por Pulzo, era: “Me paga 3 años de cárcel, yo no lo extradito”. El delincuente entrega el 90% de su patrimonio al Estado, conserva legalizado el restante 10%, paga tres años de cárcel y queda a salvo de la extradición; si miente, se le despacha a Estados Unidos. ¿El destino del dinero? Dos reformas tributarias e industrializar el campo.

Daniel Quintero la resumió con crueldad eficaz: “el narco es Abelardo”. El exdirector de impuestos Luis Carlos Reyes la rebatió con un principio: el deber del Estado es hacer justicia, no darle “tranquilidad” a los criminales.

Conviene ser exacto, porque la exactitud aquí es más demoledora que la exageración: esa propuesta no figura en el programa formal con el que De la Espriella ganó la primera vuelta. En “El Milagro de los Nunca”, su plan de gobierno, lo que aparece es lo contrario —acelerar la extinción de dominio y perseguir los capitales ilícitos—. La idea del 10%, tras la avalancha de críticas, se borró de la vitrina. Pero —y este es el punto— nunca la retractó. No la abandonó por convicción; la guardó porque era un pasivo.

La diferencia importa porque un hombre que renuncia a una idea por principio es distinto de uno que la esconde porque le cuesta votos. De cumplirse, la propuesta de Pablo Escobar de pagar la deuda externa habrá tomado forma tributaria para potenciar zonas rurales.

El día después

Como en la película, el problema de la propuesta indecente no es la transacción. Es el mensaje, y es el día después. El mensaje es sencillo: el crimen es una carrera que ofrece un atajo. Si sobrevives lo suficiente, llegará periódicamente una herramienta estatal para limpiarte el pasado financiando el presente del Estado. El delito deja de ser una falta que se persigue y pasa a ser un riesgo de negocio con salida pactada. Se cambian valores intangibles —la idea, civilizatoria, de que el crimen no paga— por valores tangibles: caja fiscal hoy, a cambio de la respetabilidad de quien delinquió ayer.

Y la ingeniería es aún peor que el principio. La propuesta dice que el 90% irá al Estado, pero nadie conoce el denominador. Nadie sabe cuánto tiene cada quien. El narcotraficante declarará lo que quiera, entregará el 90% de lo que decida mostrar, cumplirá tres años y volverá —sin juicios fuera de Colombia, con su fortuna blanqueada y, con toda probabilidad, con el dinero verdaderamente ilegal a buen recaudo en otra jurisdicción—. El Estado se habrá vendido a ciegas, a un precio que fija el comprador. Es una subasta en la que el martillero es el postor. ¿Y si miente? Se le castigará, eso se dice. ¿Pero cómo sabrá el estado si miente?

Sus defensores dirán que algo así existe en medio mundo: los acuerdos de delación, la recuperación negociada de activos, la propia justicia transicional. Varios países lo tienen. Y dirán que recuperar el 90% de una riqueza oculta es mejor que el 0% de siempre. El argumento no es tonto. Pero confunde una herramienta procesal, que se aplica caso a caso sobre un acusado concreto, con una amnistía patrimonial abierta, ofrecida por anticipado y a ciegas a quien ni siquiera está investigado. Lo primero es justicia negociada; lo segundo es una puerta de blanqueo con membrete oficial. Es el paso del pirata al corsario.

El otro polo

Si la propuesta indecente fuera el único riesgo, el diagnóstico sería más simple. No lo es. En el extremo opuesto está la reacción del oficialismo. Apenas conocido el resultado, el presidente Petro anunció que no reconoce el conteo: habló de un software privado manipulado, de 800.000 cédulas “adicionales”, de “dos censos”. Lo hizo sin aportar pruebas públicas, contra el criterio de las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA, de la Procuraduría y de un registrador que insiste en que el sistema colombiano es manual y que el software no decide nada.

Hay, es cierto, un reclamo institucional legítimo y viejo de fondo —una sentencia de 2018 que ordena que ese software sea estatal y que no se ha cumplido—. Pero una cosa es esa preocupación y otra, muy distinta, sembrar la sospecha de fraude la noche en que se pierde.

La simetría de la conducta de Petro respecto a la de Trump cuando perdió las elecciones es la lección incómoda. “El conteo está amañado, solo reconozco a quienes me dan la razón” es la misma gramática antiinstitucional que se le critica al rival, ejecutada desde la izquierda. La tentación de deslegitimar el resultado cuando no favorece no distingue de orillas. Pero es evidente que perder y gritar fraude no es precisamente la ruta que se defiende en la democracia occidental. Pero ambos gestos viven de la misma desconfianza, y ambos dejan al país más pobre en lo que de verdad escasea: la creencia compartida en que las reglas valen aunque pierda mi candidato.

Lo que de verdad gana el crimen

Vuelvo al principio. El mayor triunfo del crimen organizado no es el dinero, ni siquiera el poder corrupto que el dinero compra. Esos son botines visibles, perseguibles, reversibles. Su victoria definitiva es intangible y por eso casi imposible de revertir: la aceptación, la construcción del barrio en una nueva moral, la destrucción del valor de la educación, el pragmatismo malsano, el cinismo ciudadano.

El día en que un pueblo, agotado por el miedo y la urgencia fiscal, empieza a encontrar razonable que el Estado se siente a transar con el crimen —que el atajo se premie, que el pasado se compre, que la respetabilidad tenga tarifa—, ese día el crimen dejó de ser una amenaza externa y pasó a ser parte del consenso.

Eso es lo que una propuesta indecente normaliza, aunque luego se borre del programa. Eso es lo que erosiona, desde el otro lado, un presidente que enseña a no creer en el conteo. Y eso es lo que un país que se cree a salvo —Chile, por ejemplo, con sus propias tentaciones de mano dura, sus propios populismos en gestación y su propia ansiedad de seguridad— debería mirar con atención. Porque la propuesta indecente nunca llega disfrazada de indecencia. Llega disfrazada de solución. Y el día después, cuando uno descubre lo que vendió, ya no hay con qué recomprarlo.