Hay algo más revelador que la cifra misma: el significado que ella sugiere

La reciente medición de confianza en seguridad de la Cámara Nacional de Comercio muestra un patrón claro: mientras el Gobierno, el Congreso, los Tribunales y el Ministerio Público concentran altos niveles de insatisfacción, el sistema de prevención y control (seguridad municipal y policías) alcanza grados significativamente mayores de aprobación. Más que una diferencia de desempeño percibido, esta brecha expresa cómo la sociedad experimenta el miedo, la autoridad y la confianza.

La paradoja es evidente: en contextos de alta inseguridad, quienes enfrentan directamente el riesgo son mejor valorados que quienes diseñan políticas públicas, administran justicia o conducen la persecución penal. No es una contradicción, sino una señal sobre cómo se construye legitimidad en escenarios de incertidumbre.

Como advirtió Thomas Hobbes, el miedo es una emoción fundante del orden político e impulsa a los individuos a buscar protección efectiva. Cuando ese miedo se intensifica, la expectativa social se desplaza hacia quienes encarnan, de manera inmediata, la capacidad de contenerlo.

En esa línea, la seguridad pública constituye la manifestación más visible de la fuerza estatal. A la definición de Max Weber (el Estado como detentador del monopolio legítimo de la fuerza) se suma hoy la acción municipal, que opera en proximidad directa con la ciudadanía.

Así, policías e inspectores de seguridad municipal no solo intervienen, comparten el riesgo. Esa exposición genera una legitimidad basada en la experiencia concreta del peligro, no en el discurso. No está en la tranquilidad del escritorio, sino en el riesgo del territorio.

Con todo, la distancia percibida respecto de otras instituciones no debe entenderse únicamente como una fractura. Las lógicas del diseño de políticas públicas, la persecución penal y la administración de justicia (marcadas por procedimientos y tiempos institucionales) difieren de la inmediatez que exige la ciudadanía. Pero esa diferencia abre una oportunidad para articular capacidades, coordinar niveles de decisión y construir una respuesta más integrada.

El desafío es avanzar desde una suma de voluntades hacia un verdadero sistema, uno integrado y sistemico. La seguridad exige conexión entre el nivel territorial, el nivel político y judicial, y penitenciario, de modo que la experiencia cotidiana de inseguridad pueda traducirse en certezas institucionales.
 
En este contexto, la valoración de la seguridad municipal constituye un activo estratégico. El municipalismo a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, ha impulsado una agenda de profesionalización y fortalecimiento de las condiciones de protección de los inspectores municipales, proyectando un rol cada vez más relevante en la arquitectura de la seguridad pública.

Lo que está en juego es la capacidad del Estado, en todos sus niveles, de responder al miedo sin erosionar la confianza. La confianza no se comunica, se construye. En efecto, se construye donde el Estado logra estar presente, coordinado y eficaz, y por naturaleza, ese dominio es el de la gobernanza local, es decir, municipal.

Si la ciudadanía hoy reconoce a quienes están en el territorio, el deber de las instituciones es estar a la altura de esa señal. No para competir en legitimidad, sino para abrazar un propósito. La seguridad no admite fragmentación. Por el contrario, requiere más cohesión social.