El mensaje debe ser claro y es que el delito no puede ser rentable.
En Chile discutimos hace años cómo enfrentar el avance del crimen organizado. Vemos más delitos, más violencia y mayor sofisticación en las redes criminales. Sin embargo, seguimos fallando en lo esencial: quitarles el incentivo principal que sostiene su poder, el dinero. Porque el crimen organizado es, ante todo, un negocio.
Hace algún tiempo, en una entrevista, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, fue claro: sin herramientas eficaces para perseguir el patrimonio ilícito, la lucha contra el crimen queda incompleta. Colombia lo entendió hace años. Chile, en cambio, sigue llegando tarde.
En 2019 presenté un proyecto de decomiso sin condena —Boletín 12.776-07— inspirado en estándares de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La propuesta es clara: permitir que el Estado recupere bienes de origen ilícito aun cuando no exista una condena penal previa, cuando no se pueda justificar su procedencia.
No se trata de debilitar el Estado de Derecho. Por el contrario, se trata de fortalecerlo. Hoy, si el sistema penal no logra condenar a tiempo, los delincuentes muchas veces conservan sus ganancias, lo que es simplemente inaceptable.
Este proyecto busca avanzar en mecanismos más ágiles, facilitar la denuncia de enriquecimiento injustificado, exigir la justificación del origen del patrimonio y permitir al Estado actuar con mayor rapidez en la recuperación de activos.
La experiencia internacional es clara. Países como Italia, España y Estados Unidos han demostrado que perseguir solo a las personas, sin atacar sus bienes, es una estrategia incompleta. El mensaje debe ser claro y es que el delito no puede ser rentable.
Pero también está el problema de fondo de la falta de discusión pública. Mientras se informa —con razón— sobre el aumento de delitos, se habla poco de las herramientas concretas para enfrentarlos y con este proyecto existe una forma concreta de persecución del delito.
El decomiso sin condena o extinción del dominio no es una medida simbólica. Es una herramienta eficaz para debilitar al crimen organizado y recuperar recursos para el Estado. Chile necesita dar este paso. Si queremos enfrentar seriamente la delincuencia, debemos golpear donde más les duele: su patrimonio.
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