La auditoría y la calle

Circula en redes sociales una teoría tan elegante como falsa: que José Antonio Kast y Gabriel Boric habrían pactado una transición donde uno frena las auditorías, a cambio que el otro mantenga a raya la calle.

La tesis seduce porque ordena el caos y por ello fue repetida por algún periodista. Pero es falsa por una razón más simple: El expresidente Boric ni ningún actor político tiene control total sobre la calle. Y además omite un dato clave: tampoco es sostenible para el gobierno de Kast no cumplir su propia promesa de campaña de auditar puesto por puesto en el Estado. Su relato se construyó precisamente sobre el contraste entre eficiencia y un gobierno anterior percibido como lento; renunciar a eso no sería pragmatismo, sería vaciar su propio mandato.

Pero hay un primer riesgo de que la calle despierte. No por la ranita de Darwin o la reducción del 3% de los presupuestos, sino por el costo de la vida. El gobierno decidió asumir el costo político de subir los combustibles ajustando el Mepco, con alzas que podrían llegar a $350 por litro. El ministro Quiroz lo planteó como una medida dentro de su estrategia de reducción de gastos, pues el mecanismo cuesta cerca de US$200 millones semanales y se volvió insostenible.

La frase del ministro de Hacienda es brutal en su honestidad: no está para ser popular. Está para ordenar las cuentas y ha dicho que tomará medidas dolorosas. Y muchas veces, en muchos gobiernos, el alza de pasajes, de costos de la educación, de la salud o del combustible suelen ser antesala del desorden en la calle.

El propio gobierno lo reconoce. Sabe que la medida puede gatillar movilizaciones —en particular de los gremios del transporte— y que la oposición intentará capitalizar el costo. Por eso la estrategia es doble: contener el alza lo más posible y focalizar ayudas. Es decir, amortiguar el impacto, no evitarlo.

Pero ahí aparece el dilema de fondo, el que de verdad importa: ¿qué hará el gobierno si la calle se desordena? No es una pregunta teórica. Es la pregunta central del ciclo político post-2019. Porque el problema no es solo económico, es de gobernabilidad.

Subir el combustible es una decisión técnica; administrar sus consecuencias es una decisión política. Hay que recordar que buena parte de quienes apoyaron al Presidente actual fueron críticos con Piñera por su mano blanda o por entregar la constitución a los violentistas. Por tanto, es imposible pensar en una transacción de ese tipo.

Y es ahí donde la experiencia comparada ofrece una pista incómoda. Ni en Argentina con Javier Milei ni en Italia con Giorgia Meloni se produjo el estallido generalizado que muchos anticipaban frente a medidas duras. No porque no hubiera costos en la vida de la gente, sino porque lograron instalar una idea clave: estaban cumpliendo lo que prometieron. Y debido a ello, el ajuste era temporal, pues después vendría un tiempo mejor.

Milei no evitó el ajuste; lo ejecutó con coherencia respecto a su programa, logrando al menos estabilizar la expectativa inflacionaria. Meloni no resolvió completamente la inmigración; pero transmitió control y dirección en un tema donde había prometido actuar. En ambos casos, la legitimidad no vino de la suavidad, sino de la consistencia. La calle tolera más de lo que se cree, siempre que perciba sentido.

También está el fenómeno que la derecha opera como en Peaky Blinders: personajes que volvieron de la guerra, pero no lograron salir de ella. Cada decisión económica se mide no solo por su impacto, sino por su potencial incendiario. Cada alza se evalúa con la pregunta que quedó instalada desde 2019: ¿y si esto prende?

Por tanto, la única medida posible y que debe ser rápida es que no caiga la popularidad, cumpliendo aquello que fue un relato de campaña, la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales, y el control de los barrios peligrosos. Solo así estarán en la calle los activistas y nadie más, como ocurrió en Argentina.

Por eso, el ajuste al Mepco requiere una lupa mayor, lo que está en juego es la primera prueba de fuego real del gobierno. No en términos técnicos, sino políticos, pues la pregunta es si será capaz de sostener decisiones impopulares sin perder el control del relato ni la legitimidad frente a la ciudadanía.

El gobierno anterior de Gabriel Boric experimentó una caída significativa en su aprobación cuando decidió oponerse al quinto retiro de las AFP, precisamente porque, aun siendo una decisión fiscalmente correcta, chocó con expectativas inmediatas de la población.

También tenía la dificultad que las autoridades de entonces cuando eran diputados apoyaron con fervor los anteriores retiros, lo que hacía más difícil explicar esta decisión. Ese es el riesgo estructural: cuando la política económica se percibe como necesaria pero desconectada de la experiencia cotidiana, la legitimidad se erosiona rápidamente.

La diferencia, y la oportunidad, es que hoy el gobierno tiene un mandato explícito de orden y eficiencia. Si logra que el ajuste sea entendido como parte de ese mandato y además se cumple la promesa principal que los que no se fueron antes con todas sus cosas, serán expulsados con lo puesto, la calle podrá no ponerse peligrosa. Si no lo logra, entonces no será el precio del combustible lo que determine el curso de los acontecimientos, sino la percepción de que el gobierno dejó de ser coherente con aquello que prometió.