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Cuando el Estado se retira, no aparece mágicamente la prosperidad, aparece el abandono. Y cuando la política económica se transforma en una cruzada ideológica contra el propio Estado, el riesgo no es solamente un déficit fiscal.
La llamada Ley de Reconstrucción —o más bien de destrucción nacional— no es otra cosa que un intento de introducir, mediante el engaño y el miedo económico, la ortodoxia ideológica del gobierno de José Kast. Al parecer, el respetable Presidente pretende seguir el mismo libreto de su homónimo argentino: transformarse en un agente dedicado a destruir el Estado desde dentro, debilitando deliberadamente su capacidad de acción hasta convertirlo en un simple espectador frente a las necesidades de la población.
La reciente exposición del Consejo Fiscal Autónomo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no hizo más que confirmar algo que muchos veníamos advirtiendo hace semanas: Kast está intentando comprometer recursos ciertos sobre la base de ingresos inexistentes.
A eso se suma la escasa probabilidad de que todos estos cambios tributarios generen realmente mayor inversión privada. Porque una cosa es reducir impuestos y otra muy distinta es garantizar que esos recursos terminen convertidos en empleo, innovación o crecimiento para el país.
El Consejo Fiscal Autónomo —tan utilizado por los aliados de Kast durante el gobierno anterior para justificar críticas y advertencias económicas— fue categórico: esta megarreforma tributaria puede generar más desigualdad y un severo desfinanciamiento del Estado.
Y cuando el Estado pierde capacidad financiera, quienes terminan pagando la cuenta son siempre los mismos: los sectores más vulnerables y la clase media, mientras unos pocos continúan acumulando privilegios y devolviéndose favores entre las élites económicas y políticas.
“No hay plata”, “Chile está quebrado”, “el país se cae a pedazos”. Esos fueron los argumentos repetidos casi como un mantra para justificar el cierre de más de 240 programas sociales, todo con el objetivo de financiar rebajas tributarias destinadas al 1% de las empresas más grandes del país.
Es decir, mientras a la ciudadanía se le obliga a la austeridad y resignación, a los grupos económicos se les ofrece alivio tributario y nuevas ventajas. Y todo esto con frases tan desafortunadas como la de la ministra de Ciencias, que intenta convencer que la mayor bendición de su vida fue ser pobre y lo habla sentada en un colchón de más de 50 millones de dólares en EEUU.
Nos encontramos frente a un proyecto nacido de mentes miserables, que no solo dinamita las finanzas fiscales, sino que también golpea directamente la fe pública y las bases mínimas de probidad que deben regir al Estado.
Bajo el disfraz de la “reconstrucción”, se abre espacio al nepotismo permitiendo la contratación de familiares; se relativizan derechos laborales al habilitar que empresas con incumplimientos de derechos laborales puedan igualmente contratar con el Estado; y se vulnera el espíritu de transparencia del sistema de compras públicas al permitir comunicaciones directas – privadas – entre empresas y funcionarios responsables de licitaciones, ya sea antes o durante los procesos licitatorios.
Eso no es modernización. Eso es debilitar deliberadamente los controles para favorecer relaciones impropias entre poder político, negocios y administración pública.
La contradicción es brutal. Se recortan recursos para programas sociales, se amenaza la inversión pública y se pone en duda la continuidad de políticas como la PGU y la alimentación escolar, pero al mismo tiempo se insiste en que esto traerá crecimiento y prosperidad. El problema es que ningún país logra desarrollarse destruyendo su capacidad de inversión pública, debilitando la protección social y dejando a las familias libradas únicamente a las reglas del mercado.
Cuando el Estado se retira, no aparece mágicamente la prosperidad, aparece el abandono. Y cuando la política económica se transforma en una cruzada ideológica contra el propio Estado, el riesgo no es solamente un déficit fiscal.
El verdadero riesgo es terminar destruyendo la cohesión social, la confianza pública y la estabilidad que tanto ha costado construir en Chile. Y si a eso le sumamos que todo esto será inamovible durante 25 años, no será nada más que un salvavidas de cemento que le heredaremos a nuestros bisnietos.
Aún tenemos tiempo de reaccionar. Mi postura y la de la oposición es clara: no retrocederemos en los derechos ya conquistados. Es labor de las demás fuerzas políticas -que sean conscientes de las necesidades de los chilenos comunes- tomar la decisión más adecuada. El llamado es a sacarse el purismo ideológico de la mente y actuar en favor de la gran mayoría de los chilenos.
