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La pregunta entonces empieza a instalarse sola: ¿quieren realmente expulsar a los ilegales, o el tema cumplió, ya pasó, y ahora pasó a ser administrado con moderación tecnocrática?
Uno de los aciertos en la pasada campaña electoral es lo que logró José Antonio Kast al instalar una idea simple y poderosa: Chile vivía una emergencia de seguridad. Incluso puso hasta un contador de días para avisarle a los ilegales que mejor se iban en ese momento con todas sus cosas, pues el 11 de marzo iban a ser expulsados con lo puesto. También hizo ver que como era una emergencia se iban a tomar medidas duras y rápidas.
En contraste el gobierno de entonces presentaba resultados, datos y conceptos correctos, pero no era una discusión académica ni un debate sobre indicadores comparados de homicidios. Era la pelea por las sensaciones y ganó la que planteaba que el Estado había perdido el control. Fronteras abiertas, barrios capturados por el narco, comercio ilegal, migración irregular desbordada y policías desmoralizadas. Y buena parte culpa de la izquierda al relativizar el problema y priorizar los derechos humanos de los delincuentes.
Por eso la entrevista de la ministra Trinidad Steinert reciente en el diario La Tercera produce una disonancia difícil de ignorar. Mientras en campaña se hablaba de cambios rápidos, la ministra apela ahora al “sentido común” para explicar que retomar el control de calles, puertos y cárceles es un proceso que requiere tiempo y una coordinación interinstitucional que apenas se está diseñando.
La ministra pide paciencia pues los resultados tardarán años. Explica que bajar homicidios demora tiempo y recuerda su experiencia como fiscal regional.
Lo peor es que tiene razón, porque así mismo es como se manejan correctamente los temas de seguridad ciudadana. Pero es muy distante del relato kastiano respecto a que la situación era excepcional y que se necesitaba cirugía de urgencia, no terapia de largo plazo; y por cierto echar con lo puesto a los migrantes ilegales que no habían hecho caso de la advertencia de campaña.
Pero no es que el gobierno actual no sepa llevar la velocidad de la agenda, pues en otro frente completamente distinto -como es la rebaja de impuestos del proyecto de reconstrucción- se transmite velocidad, audacia y convicción. Y por cierto mucha picardía política de la buena al pinchar al PDG con un par de votos que los vuelve intrascendentes hasta el punto de que no le dan ni los pañales.
Diciendo las cosas como son, la prioridad comunicacional está puesta en crecimiento, inversión, permisología y reconstrucción productiva. No en expulsiones, fronteras o control territorial, donde la ministra encargada pide paciencia y dice que los resultados se verán en años. Esto incluso es refrendado por la vocera que dice que con el tiempo “van a haber cifras que son realmente reveladoras de una buena gestión”.
Pareciera entonces que el gobierno tiene más apuro en bajar los impuestos a las empresas, volver a integrar el sistema tributario y así que los poderosos de siempre paguen menos, que echar venezolanos ilegales.
El votante que creyó en el “gobierno de emergencia” no esperaba escuchar que las expulsiones dependen de trámites administrativos, apelaciones judiciales, conversaciones diplomáticas con Venezuela y menos tendrá la paciencia que pide correctamente la ministra Steinert. Esperaba ver aviones, barcos y buses llenos de ilegales camino a la frontera. También se creía que iba a haber puestas de escena a lo Bukele con delincuentes rapados y llevados a cárceles de alta seguridad, donde no tienen contacto con nada.
Más aún cuando la propia ministra reconoce honestamente que quizás el problema ha sido “no saber comunicar” lo que se hace, en realidad está admitiendo algo más delicado: que el gobierno no ha logrado producir percepción de control. Y eso es peligroso en un gobierno cuya legitimidad nació precisamente de prometer restauración de autoridad.
Porque un gobierno de emergencia que empieza a hablar como administración gradualista corre el peligro de parecerse demasiado al piñerismo o, en palabras de los republicanos, a derechita cobarde.
Aquí aparece otra paradoja interesante. El Gobierno sí parece dispuesto a asumir costos políticos altos en materia tributaria y no eligió un camino moderado, sino que fue al choque. Ahí hay convicción ideológica y se habla sin miedo de shock de crecimiento, reducción tributaria y reconstrucción del aparato productivo. Quiroz no transmite gradualidad, sino urgencia en bajar los impuestos y las restricciones ambientales, además de quitarle restricciones a la IA para que vengan las big tech a instalar mega data centers. Ahí si que no hay derechita cobarde.
Y en política las prioridades reales siempre se descubren mirando dónde está puesta la energía comunicacional. Hoy esa energía está en la reconstrucción económica y en los impuestos, no en expulsiones masivas ni en control migratorio. La zanja famosa ahí quedó, y en contraste Quiroz, apoyado por la habilidad de la dupla García – Alvarado, pone urgencia para discutir la ley de reconstrucción y logra conseguir votos claves.
La pregunta entonces empieza a instalarse sola: ¿quieren realmente expulsar a los ilegales, o el tema cumplió, ya pasó, y ahora pasó a ser administrado con moderación tecnocrática? Mientras tanto, la agenda económica avanza a paso firme, dejando en el aire la pregunta de si la seguridad sigue siendo la prioridad número uno o si fue simplemente el vehículo para llegar al poder y bajar los impuestos.
