Cuando el Congreso se convierte en espectáculo

En democracia, el Congreso no es un escenario ni un set de televisión. Es —o debería ser— el lugar donde se procesan los conflictos sociales, se construyen acuerdos y se toman decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, lo que hemos visto recientemente no es solo llamativo o polémico: es profundamente preocupante.

No se trata de un episodio aislado ni de una excentricidad menor. Se trata de una tendencia: la transformación de la política en espectáculo, donde la forma reemplaza al fondo, y la provocación sustituye a la responsabilidad.

Una diputada que decide asistir a una ceremonia oficial vestida con un atuendo que simula un uniforme institucional no está realizando un gesto inocuo ni meramente simbólico. Está instrumentalizando la imagen de una institución del Estado para enviar un mensaje político. Y eso, en un contexto democrático, no es trivial.

Las instituciones, especialmente aquellas vinculadas al orden público, como Carabineros de Chile, deben mantenerse al margen de la disputa partidista. Convertirlas en un recurso escenográfico no solo banaliza su rol, sino que contribuye a erosionar su carácter apolítico.

Pero más grave aún es cuando la política deja de ser solo espectáculo y comienza a ser irresponsabilidad con consecuencias concretas. Que un diputado promueva abiertamente la no vacunación en pleno siglo XXI no es una “opinión controvertida”: es un acto que desafía el consenso científico y pone en riesgo la salud pública. Las vacunas no son una bandera ideológica; son una herramienta probada que ha salvado millones de vidas. Incentivar su rechazo desde una posición de poder político no solo es imprudente, sino éticamente cuestionable.

A esto se suma la insistencia en instalar debates que, más que buscar soluciones, apelan a las emociones más básicas de la ciudadanía. La propuesta de plebiscitar la pena de muerte es un ejemplo claro. Más allá de la discusión legítima sobre seguridad, este tipo de iniciativas ignora compromisos internacionales asumidos por Chile y reduce un problema complejo a una respuesta simplista. La justicia no puede construirse sobre la base del impulso ni del castigo ejemplificador, sino sobre principios sólidos, evidencia y respeto por los derechos humanos.

En paralelo, también hemos visto intentos por alinear políticamente a instituciones que, por definición, deben ser neutrales. Respaldar el trabajo de Carabineros es necesario en un Estado de derecho. Pero otra cosa muy distinta es intentar convertir ese respaldo en una trinchera política, como si la institución debiera responder a un sector específico y no al conjunto de la ciudadanía. Cuando esa línea se cruza, el daño no es solo simbólico: se compromete la legitimidad de la institución y, con ello, la confianza pública.

Lo que une estos episodios no es una ideología particular, sino una forma de entender la política. Una forma que privilegia la visibilidad por sobre la responsabilidad, el impacto inmediato por sobre la construcción de soluciones, y la lógica de las redes sociales por sobre el deber institucional.

El problema es que esta deriva no es inocua. Cuando los representantes públicos actúan como protagonistas de un espectáculo, la ciudadanía deja de verlos como interlocutores válidos. La consecuencia es conocida: aumenta el desencanto, crece la desconfianza y se debilita la democracia.

No es casual que, frente a estos hechos, la reacción ciudadana oscile entre la burla y la indignación. Los comentarios que califican al Congreso como un “circo” no son solo expresiones de humor o enojo pasajero. Son el reflejo de una percepción más profunda: la sensación de que quienes deberían estar resolviendo problemas están más preocupados de generar titulares.

Y esa percepción, más allá de su tono, encierra un riesgo mayor. Porque cuando la política pierde seriedad, pierde también legitimidad. Y sin legitimidad, las instituciones se vuelven frágiles.

Ser diputado no es un ejercicio de autoexpresión irrestricta. Es una función pública que exige criterio, prudencia y sentido de responsabilidad. Implica entender que cada gesto, cada declaración y cada acción tienen consecuencias que van más allá de lo personal. No se legisla para el aplauso fácil ni para el trending topic del día. Se legisla para un país.

Por eso, es legítimo exigir más. Más rigor, más respeto por las instituciones, más compromiso con la evidencia y menos disposición a convertir el Congreso en una plataforma de performance política. La democracia no necesita más gestos grandilocuentes ni más provocaciones vacías. Necesita representantes capaces de estar a la altura del mandato que recibieron.

Esto no significa negar el debate ni la diversidad de opiniones. Todo lo contrario: una democracia sana requiere discusión, contraste de ideas y, muchas veces, confrontación. Pero esa confrontación debe darse dentro de ciertos marcos: el respeto por la institucionalidad, la responsabilidad frente a la ciudadanía y el compromiso con el bien común.

Hoy, esos marcos parecen estar tensionándose peligrosamente. Y si no se corrige el rumbo, el costo no lo pagarán quienes protagonizan estos episodios, sino la ciudadanía en su conjunto.

Porque al final, cuando el Congreso se convierte en espectáculo, la política deja de cumplir su función esencial. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es solo la imagen de algunos parlamentarios. Es la calidad de nuestra democracia.