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La situación fiscal está lejos de constituir una emergencia y puede ser corregida sin necesidad de recortes abruptos de gasto.
La segunda autoridad del país, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, acaba de sumarse al coro catastrofista que insiste en que “el país se cae a pedazos”.
No se trata de postular que estemos creciendo a tasas asiáticas ni que tengamos una situación social nórdica. Lejos de eso. Pero de allí a ignorar las cifras y a insistir en un discurso sin vínculo con la realidad hay una diferencia sideral y es bien lamentable que este sea el debut de la presidenta del Senado. Veamos qué dicen las cifras.
Los datos duros
Mientras las exportaciones reales crecieron menos de 1% anual (0,3%) entre 2009 y 2023, en 2024 y 2025 crecieron 5%. La inversión, que durante más de una década creció menos de 1% anual, en 2025 creció 7%. La productividad, en tanto, tras una década de estancamiento logró crecer en 2024 y 2025.
Las cuentas externas están ordenadas. Chile mantiene la mejor calificación crediticia en la región. Hasta fines de febrero, antes del bombardeo de EE.UU. e Israel a Irán, el riesgo país estaba en su menor nivel de los últimos 18 años y se detuvo el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB, relación que está 15 puntos debajo del promedio de países con similar clasificación de riesgo.
Los salarios reales cumplen 34 meses consecutivos de incremento y durante 2022-2025 aumentó la tasa de participación y de ocupación laboral, se generaron 705.000 empleos, con una reducción gradual y persistente en la tasa de informalidad del empleo. 600 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024 y, pese a que persiste una marcada desigualdad distributiva, ésta se redujo entre 2022 y 2024.
El gobierno saliente sí recibió una economía en emergencia, con inflación de dos dígitos, un déficit fiscal en 7.7% del PIB (11,4% el déficit fiscal estructural) y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 10% del PIB. Situación insostenible que, de no corregirse, nos conducía a una aguda crisis económica.
La economía está muy lejos de cualquier señal de “emergencia”
El gobierno saliente estabilizó la economía, superando los agudos desequilibrios heredados en inflación, cuentas fiscales y en cuenta corriente de balanza de pagos.
Y se logró evitando la recesión, pese al período más largo de estancamiento del crédito bancario desde los 80 y de tasas de interés de política monetaria sobre la meta de inflación del BC. durante los cuatro años del gobierno, lo que afectó severamente la construcción y el empleo y retardó la recuperación económica.
El escenario macroeconómico actual es propicio para retomar mayores ritmos de crecimiento, con baja inflación.
Favorables perspectivas de crecimiento
El nuevo gobierno hereda una economía que viene creciendo cerca del 3% en el PIB no minero desde mediados de 2025. Para 2026 se espera un crecimiento levemente bajo el 3%, gracias al dinamismo en la inversión, tanto doméstica como extranjera, las exportaciones y a una mejoría en la productividad y en los términos de intercambio. Una guerra prolongada en Medio Oriente podría variar este escenario.
Las organizaciones empresariales proyectan para 2026 crecimientos entre 3 y 5% para la agricultura, construcción, industria, comercio y turismo. El crecimiento del PIB global dependerá de la recuperación de la minería, cuyos volúmenes de producción en años recientes no han variado.
En el pasivo, persiste una alta tasa de desempleo. Si bien se contuvo el incremento de la deuda pública como porcentaje del PIB, el déficit fiscal en 2025 fue superior al previsto, las metas fiscales se incumplieron en los últimos tres años y el saldo de caja que se heredó para el actual gobierno es demasiado bajo.
El debate en torno al déficit fiscal y al saldo de caja hay que ubicarlo en un contexto más amplio de evaluación de las cuentas fiscales. Los errores continuos en la proyección de los ingresos tributarios deben ser corregidos; la administración debería contar con más instrumentos legales para poder ajustar el gasto a lo largo del ciclo, sin depender en demasía de las decisiones legislativas.
La situación fiscal está lejos de constituir una emergencia y puede ser corregida sin necesidad de recortes abruptos de gasto. Recortes de este tipo podrían afectar el crecimiento y el propio saldo fiscal, elevando el déficit y la deuda pública. Cualquiera sea el indicador internacional elegido (nivel del gasto público sobre PIB; déficit fiscal; presión tributaria; empleo público; deuda pública sobre PIB), la conclusión es unívoca: Chile no sólo se encuentra entre los mejores resultados en la región sino también entre todas las economías OCDE. Esta condición hay que cuidarla.
Corregir el déficit fiscal obliga a examinar tendencias de ingresos y gastos y a evaluarlos y proyectarlos con una mirada de mediano plazo que incluya los desafíos sociales (pobreza, vivienda, salud), económicos (infraestructura, innovación), demográficos (envejecimiento, PGU), ambientales y de abordaje de los desafíos que nos plantea el cambio climático.
Una solución de mediano plazo para la sustentabilidad de las cuentas fiscales requiere un acuerdo transversal de mediano plazo. De otra forma, el escenario irá variando desde experiencias progresistas que no consiguen financiar sus propuestas a opciones más conservadoras que pueden reducir el déficit a costa de sacrificar objetivos económicos, sociales y ambientales, más allá de “los tres arbolitos” con que el actual ministro de Economía festina el tema.
Ojalá que la presidenta del Senado se pudiese sumar a este acuerdo transversal. Para ello es importante que se dé un tiempo para revisar las cifras y así pueda corregir su equivocado y desinformado comentario.
