Informes sin "graves fallas" y firmas posteriores: la querella que golpea a Poduje por El Olivar

A finales de marzo, los vecinos de El Olivar en Viña del Mar –sector arrasado por el megaincendio de 2024– vieron como Iván Poduje, Ministro de Vivienda y Urbanismo, anunciaba la paralización y demolición de las obras de reconstrucción que se estaban realizando, debido a supuestas fallas estructurales.

El documento que ordenó la paralización y el término de contratos fue la Resolución Exenta n°3384, en que se explicaron los sustentos de la decisión, pero una de las afirmaciones ha causado polémica al cuestionarse su veracidad.

Específicamente, en el cuarto punto de la resolución, se indicó que los Fiscalizadores Técnicos de Obras habían supuestamente emitido diversos informes técnicos que darían cuenta de la existencia de graves fallas constructivas en los proyectos de El Olivar, pero esto no sería así.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió a tales informes técnicos, identificando que en ninguno de ellos se habla de “graves fallas constructivas”. Los documentos son prácticamente iguales, cuentan con menos de dos páginas y no hacen alusión alguna a deficiencias de estructura, solo se limitan a informar que el ministro Poduje instruyó paralizar el proyecto a los fiscalizadores técnicos de obra.

De acuerdo a conocedores del tema, este tipo de contrato solo se puede terminar si existiesen tales fallas, que hicieran inviable su continuación.

Esta y otras acusaciones forman parte del corazón de una querella penal que será presentada en los próximos días en contra del Ministro de Vivienda, Iván Poduje (y quienes resulten responsables) en la que se buscará que se le persiga por los delitos de: prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento de contrato.

El escrito será presentado por la abogada Erika Maira Bravo, en representación de Social Arquitectura, la entidad patrocinante que ha estado trabajando como intermediaria entre los propietarios y la constructora San Sebastián.

Las acusaciones vienen en medio de un tenso ambiente al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde la llegada de Poduje, marcado por dichos cruzados entre funcionarios de distinto grado y el nuevo ministro.

Contactados por Radio Bío Bío, y solicitando reserva de su identidad por miedo a represalias, funcionarios comentaron que el compromiso para que ellos firmaran los aludidos informes era que la Resolución Exenta n°3384 fuese modificada o se dejara sin efecto, con el fin de eliminar la frase que indicaba que los fiscalizadores habían identificado graves fallas constructivas. Sin embargo, esto no se habría hecho.

Asimismo, comentaron haber firmado los informes influidos por la presión de sus superiores jerárquicos, bajo amenaza de que si no lo hacían se iba a informar que se negaban a obedecer órdenes, lo que ponía en riesgo su trabajo, tal como publicó en su momento el medio Reportea.

En conversación con Radio Bío Bío, funcionarios pusieron énfasis en la carga negativa del ambiente al interior de la cartera, con discusiones entre empleados y superiores y funcionarios con licencia psiquiátrica por el estrés de la situación.

Los funcionarios también negaron haber redactado ellos mismos lo firmado, sino que habría sido Inés Pizarro, Jefa del departamento jurídico del SERVIU Valparaíso, quien les habría entregado el documento.

Indicaron también que estos informes técnicos fueron firmados recién el día 13 de abril, pese a que la resolución que hacía referencia a los informes se emitió cuatro días antes, el jueves 9 de abril.

Finalmente, funcionarios dijeron que, de acuerdo a lo observado en sus revisiones, las casas no deben ser demolidas, sino que los problemas podían ser arreglados.

Otros informes, y sin presiones: la versión del MINVU

Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, negaron las acusaciones, y entregaron mayores antecedentes sobre la decisión de paralización de obra.

En primer lugar, consultados por la situación de los informes, indicaron que: “El oficio de referencia tiene por objeto la paralización de obras no de la demolición. Los informes de los FTO cumplen con lo anterior”.

Consultados por la decisión de paralizar, indicaron que la “gravedad de los hallazgos que dieron origen a la decisión de paralización de obras y posterior término de contrato” se sustentó en diversos informes técnicos, tanto de la DITEC –entidad técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Chile–, como del IDIEM, centro de investigación de la Universidad de Chile.

Específicamente respecto al informe del IDIEM n°2.178.994, este concluyó expresamente que las viviendas presentan “insuficiencias estructurales en cuanto a resistencia y deformaciones” y que el proyecto “no cumple la normativa sismorresistente vigente”. Asimismo, el mismo informe establece que los elementos que fueron revisados “no acreditan el cumplimiento de las exigencias de resistencia al fuego aplicables”, agregando también deficiencias graves en el cumplimiento de la normativa acústica vigente. Aunque respecto al análisis de fuego, Social Arquitectura acusa que los organismos públicos no habrían enviado al laboratorio las certificaciones y antecedentes correspondientes, acusación que también formará parte de la querella.

“A juicio de la DITEC, permitir la continuación de las obras con las deficiencias estructurales acreditadas significa consolidar soluciones habitacionales defectuosas y exponer a las familias a riesgos incompatibles con el deber de resguardo que le corresponde al Minvu y al Estado de Chile”, agregaron desde la cartera de Poduje.

Consultados respecto a la diferencia de la fecha de firma afirmada por funcionarios, desde el Ministerio indicaron que “los informes fueron elaborados y datados con fecha 9 de abril de 2026”, tal como se indica en la resolución.

“Ahora bien, que algunos fiscalizadores técnicos hayan firmado con posterioridad, no altera el hecho de que el contenido técnico, las observaciones y las conclusiones ya existían previamente y habían sido trabajadas con anterioridad sobre la base de los antecedentes levantados por la DITEC y las fiscalizaciones que se efectuaron en terreno”, agregaron.

Finalmente, se le consultó al MINVU respecto a las supuestas presiones ejercidas sobre funcionarios para firmar informes técnicos, indicando la cartera que “este ministerio debe señalar con claridad que no existen los antecedentes que permitan sostener esos trascendidos”.

“De acuerdo con la información oficial del director (S) del Serviu de Valparaíso, existió un proceso de revisión y discusión técnica de los documentos, particularmente respecto del rol de los FTO y de la forma en que debían expresarse ciertas conclusiones derivadas de antecedentes levantados por la DITEC. Estas observaciones no buscaron negar las deficiencias detectadas en el proyecto, sino abordar aspectos de forma y competencias técnicas. Por ello, no corresponde afirmar que funcionarios hayan sido obligados a validar antecedentes inexistentes o falsos, considerando además que las observaciones técnicas ya estaban documentadas desde marzo de este año”, explicaron a Radio Bío Bío.

Asimismo, afirmaron haberse abierto un sumario para investigar las irregularidades y retrasos detectados por el Ministerio en el proceso de reconstrucción:

“Es necesario informar que ante la detección de las anomalías en el proceso de reconstrucción y los retrasos observados, el Ministerio ha instruido un Sumario Administrativo a cargo del Nivel Central para determinar las responsabilidades correspondientes. Debido a que esta investigación se encuentra en curso, los antecedentes específicos forman parte del secreto de sumario, garantizando así el debido proceso y la transparencia del resultado final”.