Sin compasión hacia el "intruso" indocumentado

Seamos claros: toda nación, bajo cualquier régimen, política o normativa, mantiene el derecho y el deber de controlar sus fronteras. La entrada de extranjeros, sea cual fuere su motivo, no puede quedar entregada a la pura espontaneidad de los flujos humanos. La visión de fronteras abiertas puede ser un hermoso ideal, pero sigue situada en el horizonte de la utopía. Por ahora.

De modo que no corresponde cuestionar, en abstracto, el fondo ni la motivación de los planes del gobierno de Kast, como tampoco los de gobiernos anteriores, para limitar y resolver la inmigración ilegal, que en Chile alcanza una cifra estimada de 330 mil personas. El Estado debe saber quién entra, por dónde entra y bajo qué condiciones permanece en el país.

El problema empieza cuando, en nombre de ese orden necesario, se propone convertir derechos básicos en instrumentos de castigo. Una cosa es controlar la frontera, otra muy distinta es usar la salud, la educación o el acceso de los niños a jardines infantiles como llave de presión contra personas que ya están dentro del territorio nacional. Bajo esa mirada, la política migratoria deja de ser una política de orden y empieza a parecer un ejercicio de dureza administrativa.

Según se ha informado, el Gobierno estudia limitar beneficios sociales para “cerrar la llave” de la migración irregular, bajo la idea de hacer de Chile un país menos atractivo para quienes ingresan sin documentos. La frase puede sonar eficaz, tiene un aire de medida técnica, pero detrás de la palabra “desincentivar” hay cuerpos concretos: una mujer embarazada, un niño que necesita matrícula, una familia hacinada, un trabajador informal sujeto a explotación laboral.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, la medida es, a lo menos, alarmante. Salud y educación no pueden depender simplemente del estatus migratorio. No son premios administrativos para los obedientes ni concesiones que el Estado entrega o retira según el clima político. Son derechos básicos, especialmente cuando se trata de niños, enfermos o personas en situación de vulnerabilidad. La irregularidad migratoria no deroga su condición humana.

Por supuesto, existe un problema real. Hay comunas saturadas, consultorios tensionados, escuelas exigidas al límite y comunidades locales que sienten que el Estado les pide solidaridad sin entregar recursos suficientes. Nadie serio puede negar esa presión.

Si el problema es la saturación, se refuerzan los servicios; si el problema es la informalidad, se regulariza; si el problema es el delito, se persigue al delincuente. Lo que no se hace es confundir al migrante pobre con un enemigo. En esta visión aparece esa “insensibilidad” de la que ha hablado Eugenio Tironi: la de una derecha de gerentes técnicos, experta en números, incentivos y rendimientos, pero a menudo incapaz de registrar el sufrimiento humano cuando no cabe bien en su matriz de costos.

También hay una contradicción más profunda. La familia presidencial ha cultivado un lenguaje cristiano, familiarista, de defensa de valores. Está en su derecho, pero entonces cabe preguntar: ¿Dónde queda el mandato de Cristo de socorrer al hambriento, a los pobres, a los marginados? ¿Qué diría el Papa ante una política que convierte al migrante irregular en advertencia viviente para otros migrantes?

El valor de la compasión cristiana, en lenguaje laico se llama fraternidad, en lenguaje socialista, solidaridad. La medida, por el contrario, alimenta la pendiente alarmante de la xenofobia, instala la idea de que “ellos” vienen a quitarnos la salud, la escuela, la sala cuna, el empleo y el barrio. De ahí hay un paso al desprecio hacia el “intruso” indocumentado.

Chile necesita contener el ingreso ilegal, pero debe hacerlo con inteligencia, no con gestos espectaculares. Si la zanja en construcción en la frontera norte sirve en ciertos tramos, bienvenida sea; pero no se debe venderla como una nueva Muralla China. Las fronteras modernas se controlan con tecnología, drones, cámaras, sistemas biométricos, cooperación con países vecinos y persecución efectiva a las redes de tráfico de personas. Incluso podría estudiarse una guardia fronteriza especializada, profesional y formada también en derechos humanos. Varios países cuentan con estas fuerzas.

La otra mitad del problema es hacerse cargo de quienes ya están aquí. Perseguir indefinidamente a cientos de miles de personas puede sonar enérgico, pero suele terminar en informalidad laboral, hacinamiento, miedo a denunciar delitos, niños fuera del sistema y empleadores inescrupulosos felices con esa mano de obra depreciada.

Por ello, la regularización no debe ser tratada como una mala palabra. Regularizar no es premiar el ingreso ilegal, es ordenar la realidad, es distinguir entre quien trabaja, estudia, tiene familia y no registra antecedentes criminales, y quien delinque o representa un riesgo para la seguridad.

España acaba de avanzar en un proceso amplio de regularización de 500 mil migrantes ilegales, entre otras razones, porque necesita incorporarlos al trabajo formal en un contexto de baja natalidad y envejecimiento. Estados Unidos, en 1986, y nada menos que bajo Ronald Reagan, también tuvo una reforma que combinó control migratorio, sanciones a empleadores y regularización. En Chile, Jeannette Jara propuso durante la campaña una línea de empadronamiento y regularización condicionada. La derecha la atacó como si fuera una invitación al desorden. La centroizquierda, acomplejada como tantas veces, defendió mal una idea que tenía bastante más sentido práctico del que se quiso reconocer.

El dilema, entonces, no es entre fronteras abiertas y mano dura. Esa es una caricatura útil para campañas. El dilema real es entre una política migratoria con Estado y sensibilidad social y una política migratoria con castigo y persecución.

Nuestro país necesita fronteras controladas, pero no necesita transformar la salud de un niño migrante, la atención de una madre o la educación de quien ya vive entre nosotros en mensaje ejemplarizador para otros posibles inmigrantes. En esto se juega el Chile civilizado y humanista frente a la barbarie de tantas otras regiones del mundo.