Legislar bajo el miedo: criminalizar la pobreza

Por
Jaime Bassa y Mathías Martínez

En democracia, legislar bajo el miedo siempre resulta tentador. El temor a la delincuencia, la inseguridad en los barrios o la percepción de desorden en el espacio público generan presión social inmediata. Frente a ello suele aparecer una respuesta política igualmente inmediata: aumentar penas, crear nuevos delitos y expandir el poder sancionador del Estado. Lejos de fortalecer el Estado de Derecho, esta lógica lo debilita.

En las últimas semanas hemos vuelto a presenciar este fenómeno en el Congreso Nacional. La Cámara aprobó un proyecto que busca sancionar penalmente a quienes ejercen labores informales de cuidado de automóviles en la vía pública, estableciendo incluso penas de presidio o multas. Más allá de las legítimas discusiones sobre ordenamiento urbano o uso del espacio público, resulta profundamente preocupante que el derecho penal sea utilizado para enfrentar fenómenos de pobreza e informalidad social.

El derecho penal constituye la herramienta más intensa y violenta con la que cuenta el Estado. A través de él se autoriza la privación de libertad, la restricción de derechos y la intervención coercitiva sobre las personas. Precisamente por eso, las democracias constitucionales modernas han desarrollado un principio básico: el derecho penal debe ser la última ratio, el último recurso disponible, una herramienta excepcional, reservado únicamente para conductas que lesionen gravemente bienes jurídicos relevantes.

Cuando el Estado comienza a utilizar el castigo penal para administrar problemas sociales complejos, abandona ese principio y entra en una lógica distinta: la del populismo penal. Una lógica donde las soluciones rápidas y simbólicas reemplazan las políticas públicas estructurales; donde el rendimiento comunicacional importa más que la eficacia real; y donde el castigo se transforma en una señal política antes que en una herramienta racional de prevención del delito.

A este fenómeno se le ha denominado derecho penal simbólico: una forma de legislar que busca transmitir sensación de control y respuesta inmediata frente a la inseguridad, aun cuando muchas veces las medidas adoptadas tengan escasa capacidad real para disminuir el delito o mejorar la seguridad pública.

No deja de ser paradójico que, en un país marcado por altos niveles de desigualdad, precarización laboral e informalidad económica, la respuesta frente a quienes sobreviven en los márgenes del mercado formal sea amenazarlos con cárcel. ¿Qué problema público se resuelve encarcelando a un cuidador de autos? ¿Se combate el crimen organizado? ¿Se reducen los delitos violentos? ¿Se fortalece la seguridad pública? Evidentemente no.

Este tipo de proyectos generan otros efectos: desplazar hacia el ámbito penal una cuestión esencialmente social. Personas excluidas del trabajo formal, muchas veces sin acceso estable a seguridad social, vivienda digna o empleo, son tratadas como amenazas que deben ser expulsadas del espacio público mediante sanciones penales.

Desde la teoría jurídica existe un concepto particularmente útil para describir este fenómeno: el llamado “derecho penal de autor”. Es decir, un modelo en el que no se castiga prioritariamente una conducta objetivamente lesiva, sino la condición social o identidad de quien la realiza. En vez de sancionar hechos concretos de daño relevante, se termina criminalizando determinados sujetos sociales: pobres, excluidos, marginados.

Por supuesto, ello no significa desconocer que puedan existir situaciones problemáticas vinculadas al cuidado informal de vehículos. Pueden existir actos de coacción, amenazas o cobros abusivos, y esos hechos ya se encuentran contemplados y sancionados en la legislación vigente. Pero una cosa muy distinta es transformar en delito, en sí mismo, el ejercicio informal de una actividad de subsistencia.

El problema de fondo es político y cultural. Durante años se ha instalado la idea de que toda conflictividad social puede resolverse mediante más castigo. Esa expansión permanente del derecho penal produce un deterioro progresivo de las bases racionales del sistema penal. Cada nuevo conflicto parece exigir un nuevo delito; cada crisis pública parece requerir una nueva pena.

Sin embargo, las sociedades democráticas no se fortalecen ampliando indefinidamente el castigo estatal. Se fortalecen cuando son capaces de distinguir entre delincuencia y exclusión social; entre criminalidad organizada y pobreza; entre seguridad pública y control de los sectores más vulnerables.

La pregunta que deberíamos hacernos como país es mucho más profunda: ¿queremos un Estado que enfrente la pobreza mediante políticas de integración y protección social, o uno que responda a ella mediante sanciones penales? Porque cuando la cárcel comienza a reemplazar a la política social, el problema ya no es solamente jurídico. Es, sobre todo, un problema democrático.