Los desafíos del Colegio de Abogados en períodos electorales y nueva autoridad presidencial

Se nos ha pedido escribir sobre los desafíos del Colegio de Abogados de Chile para el siguiente período presidencial y si podemos emitir opinión acerca de los candidatos que participan en esta elección presidencial año 2025.

Hemos comenzado esta nota citando lo que se nos ha pedido para así, dar respuesta a lo que, por lo demás, muchos nos preguntan.

El problema de las asociaciones profesionales

Partamos por lo primero. El Colegio enfrenta desde hace años el desafío que están experimentando todos los colegios profesionales desde que pasaron a ser solo asociaciones gremiales a las que es voluntario adscribirse; así les es muy difícil subsistir y si siguen haciendo los mismo, avizoramos su extinción.

Esta decadencia se origina en la Constitución de 1980 la que, para evitar la influencia política de los Colegios, los convirtió más bien en clubes sociales que en cuerpos sociales profesionales con incidencia en el desarrollo, exigencias profesionales y atribuciones de control ético.

Si los profesionales afines quieren reunirse, pues bien, que lo hagan y convenzan por sus propios medios a los demás que es adecuado ser miembro de aquella, o sea, lo que entrelíneas establece la Constitución es algo como: “ofrézcales algo a los profesionales que les invite a participar”. Y eso lleva al mensaje subsecuente: “si no puede convencer a sus afines de participar, entonces, no merece existir”.

Al final, les restó la incidencia en lo público, la que sólo quedó entregada al Estado, los partidos políticos y el parlamento. Debemos si reconocer que en la reforma constitucional del año 2005 algo mejoró esta situación al incluirse de modo expreso (art 19 N° 16 inc. 4°) la jurisdicción ética de los Colegios, aunque ella está limitada a los asociados y la sanción sigue siendo solo de carácter moral. El miedo a la política terminó por allanar el camino a la intrascendencia gremial.

El problema de ese planteamiento es que las asociaciones de profesionales deben existir para influir en la mejor formación y poder dictar las normas y lineamientos generales que rigen a la profesión pero, para que ello sea efectivo, deben tener al menos algo que es indispensable para poder dirigir cualquier organización de este tipo, esto es, contar con la facultad de investigar, juzgar y sancionar a quien se aparte de las reglas o incumpla en los deberes éticos que supone el ejercicio de profesiones que inciden en la libertad, la salud o el desarrollo de las personas. De lo contrario pasa a ser algo parecido al voto obligatorio por ley que no lleva sanción, si ello se admite, se trata simplemente de una ley burlesca.

Veamos un ejemplo. A Ud. le gusta el tenis, y entonces, para poder practicarlo, porque es muy oneroso o imposible contar con su propia cancha, o con amigos interesados en competir, se asocia a un club de tenis. Y naturalmente, su club le impone reglas, como la de pagar la cuota y respetar los reglamentos del tenis, bajo sanción de que si no lo hace podrán expulsarlo, con lo cual ya no podrá jugar más en ese club.

El problema con las asociaciones profesionales tal como hoy están concebidas es que solo pueden ofrecer beneficios poco apetecibles: reglas y sanciones y, además, sanciones meramente morales ya que, si el Colegio aplica una de estas, entonces ese profesional podrá seguir ejerciendo la profesión y, además, desafiliarse del colegio respectivo.

En otras palabras, en este caso no es verdad que necesite ser socio del club para ejercer, porque además la cancha tampoco es del club, sino que se aporta gratuitamente por el Estado mediante tribunales que no pueden exigir la colegiatura obligatoria. Por eso que muchos abogan por la solución más obvia que parece ser la de imponer, como lo fue hasta 1980, la colegiatura obligatoria como requisito para ejercer la profesión, pero ello está impedido por la Carta Fundamental y, además, esa solución obvia no es aceptable para todos. De hecho, nos atrevemos a decir que para la mayoría de los profesionales simplemente no lo es.

Es más, no se puede dejar de conceder que puede ser peligroso darle a un Colegio profesional el poder de decidir quienes podrán ejercer esa profesión. Es difícil no sospechar que, si el Colegio se politiza al extremo, entonces solo los partidarios de esa posición política podrán ejercer la profesión. O si a sus integrantes se les ocurre que es mejor reducir la competencia, les bastará con no admitir a nuevos miembros.

Entonces, los expulsados o no admitidos, tendrán que dedicarse a otra cosa, a pesar de que familiar y/o individualmente, invirtieron grandes esfuerzos económicos y dedicaron largos años a aprender los rudimentos esenciales para ejercer la abogacía, en cualquiera de sus múltiples dimensiones.

Entonces, la solución obvia, es obvia de mala. No sirve.

Desafíos

El desafío entonces es conseguir que, finalmente, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entendiendo que, así como no es razonable que se juegue tenis sin reglas, tampoco es que los profesionales, en particular –en nuestro caso- los abogados, puedan ejercer sin más lineamientos que las normas generales que da la ley, y sin ninguna obligación ética tangible y controlable. Y esas reglas no las debe dictar el legislador, sino los profesionales que la ejercen.

Lo razonable es que esas normas, con los debidos controles para evitar abusos, las dicten los que profesan esa ciencia o arte. Es que nadie cuerdo ha afirmado hasta ahora que sería virtuoso que, por ejemplo, fueran los congresales los que dictaran las normas y recomendaciones para el examen de próstata o para la realización de una cesárea en el caso de un parto complejo.

Tenemos el desafío de convencer al gobierno y a nuestros legisladores acerca de la importancia que tiene apoyar nuestra propuesta para que se entregue a los Colegios la tuición ética universal de cada profesión y el dictado de las normas relativas al ejercicio de las mismas, todo bajo el control del otro poder del Estado, el Poder Judicial. O, al menos, que los Colegios tengan la voz principal y la participación adecuada, en la decisión y formación del órgano jurisdiccional que ejerza estas competencias éticas.

Es que no debe dejar de considerarse que nuestra profesión es una de esas de entrada al sistema universitario, que no requiere mayores costos para la implementación en las distintas universidades privadas establecidas después del año 1981.

Por ello hoy juran y se titulan ante la Corte Suprema alrededor de 4.600 abogados al año, y, además, la última reforma al sistema de educación superior implicó que sólo las carreras de la salud y educación son de acreditación obligatoria por la Comisión Nacional de Acreditación.

Dicho de un modo directo, actualmente no hay medición de la calidad institucional de la carrera de Derecho en Chile, y eso también mueve los intereses y preocupaciones de nuestro Colegio para los años que vienen.

El problema y ese es nuestro último desafío, es que no basta con asignar principalmente la tuición ética. También debe otorgarse el financiamiento necesario para que los Colegios puedan ejercer esa función. De otro modo, solo se acelerará su actual proceso de decrecimiento y pronta extinción.

Y, cabe señalar que, todos los que no quieren estar sujetos a control ético y profesional alguno, que no son pocos, estarán muy satisfechos con la extinción de los Colegios.

Esos son, entonces, los desafíos inmediatos a los que estamos enfrentados.

Defensa de la profesión, la democracia y el Estado de Derecho

La segunda pregunta es acerca de nuestro parecer respecto de los candidatos que participarán en la elección.

Al respecto, y es muy bueno que se nos pregunte, la respuesta es que, aunque el Colegio está sujeto a influencias políticas, eso es secundario y, por lo mismo, no nos corresponde apoyar ni rechazar a ningún candidato o candidata a la Presidencia de la República.

El Colegio de Abogados, ha logrado mantener siempre una postura de defensa de la profesión y de los principios que inspiran a la democracia y al Estado de Derecho. Creemos que solo eso es lo que nos corresponde. Desde ese ángulo, sí nos interesa saber la opinión de los aspirantes presidenciales a los desafíos que acá hemos consignado.

Se dirá que las elecciones de Consejeros del Colegio son también de carácter político y muchos votos se emiten en función de los intereses de ese tipo que tienen los socios. Ello es así, pero a pesar de eso, en los 100 años de su existencia, el Colegio de Abogados de Chile ha logrado mantenerse neutral en la defensa y representación de los abogados y del Estado de Derecho.

Ramiro Mendoza Z.
Presidente

Pedro Pablo Vergara V.
Consejero