Chile saqueado: licencias médicas, horas extras y contratos innecesarios que todos pagamos

Las últimas investigaciones de la Contraloría General de la República, bajo el liderazgo de Dorothy Pérez —que no me arrepiento de haberla apoyado en el Senado—, han destapado un escándalo que muchos sospechaban, pero cuya magnitud era difícil de imaginar.

Mediante un cruce de datos entre licencias médicas y viajes al exterior, se descubrió que más de 25 mil funcionarios públicos salieron de Chile mientras estaban de licencia por enfermedad. Esta cifra, ya de por sí escandalosa, no incluye a quienes viajaron a otras regiones del país ni a empleados del sector privado, lo que sugiere que esto es solo la punta del iceberg de un problema sistémico.

Pero el saqueo no termina ahí. Un reportaje de La Segunda expuso otro abuso generalizado: el uso desmedido de horas extras en el sector público. Según el medio, algunos funcionarios acumularon hasta 100 horas extras mensuales, cobrando sumas que superan los $2 millones en un solo mes. Peor aún, hay casos en que estos pagos extras alcanzan los $11 millones anuales, una cifra obscena, especialmente cuando esos recursos salen de los bolsillos de los ciudadanos.

La cultura del abuso y la impunidad

Estos hallazgos no son simples anomalías; reflejan una cultura de negligencia y falta de fiscalización dentro del Estado. Las licencias médicas fraudulentas y las horas extras infladas son solo dos caras del mismo problema: la ausencia de controles efectivos y la impunidad con la que operan algunos.

Pero el panorama podría empeorar. Aún falta investigar otro posible foco de corrupción: los contratos realizados por trabajos y asesorías externas que, en teoría, deberían ser realizados por los mismos funcionarios de las instituciones públicas. Muchas de estas licitaciones podrían encubrir sobreprecios, favoritismos o incluso trabajos fantasmas, otro “iceberg” que tarde o temprano saldrá a la luz.

El ciudadano siempre pagando los platos rotos

Mientras tanto, el contribuyente chileno sigue financiando estos abusos. Los impuestos, ya altos, se disparan por estos “costos ocultos de la mala gestión estatal”. Y lo más injusto es que solo los ciudadanos formales terminan pagando, mientras la evasión fiscal ronda mas del 35%, impulsada en gran parte por la gran informalidad producto de la masificacion de las comunicaciones.

Esta situación no solo es insostenible, sino que destruye la confianza en las instituciones. Si no se toman medidas drásticas, el sistema colapsará bajo el peso de su propia ineficiencia.

Urge una Modernización del Estado con Sanciones Ejemplares
Chile necesita con urgencia una reforma profunda del Estado, con mecanismos de transparencia más robustos y sanciones ejemplares para quienes cometan estos abusos. No basta con detectar fraudes; hay que castigarlos con penas severas que desincentiven estas prácticas para siempre.

Además, es crucial simplificar y digitalizar los procesos para reducir la discrecionalidad en licencias médicas, horas extras y contrataciones. La tecnología puede ser una gran aliada contra la corrupción, permitiendo cruzar datos en tiempo real y detectar irregularidades antes de que escalen.

Conclusión: No más “Cantinfleo”

Como bien dice el refrán, “Moya siempre paga”, pero ha llegado la hora de que los verdaderos responsables también lo hagan. Chile no puede seguir desperdiciando recursos en negligencia, abusos y corrupción. Se requiere acción inmediata, voluntad política firme y una ciudadanía vigilante que exija transparencia. Y esto sin contar, además, a los médicos que emitieron licencias fraudulentas, otro gran negocio oculto en este entramado.

Si no actuamos ahora, este “cantinfleo” institucional —esa mezcla de burocracia absurda, desorganización y opacidad— acabará por erosionar hasta los últimos vestigios de confianza en el sistema. El cambio no puede esperar: el momento es hoy.