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La contralora Dorothy Pérez denunció ante el Senado un fraude masivo en licencias médicas que involucró a 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante su reposo entre 2023 y 2024. Pérez solicitó facultades ampliadas para la Contraloría General de la República y presentó el informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), que cruzó datos de la PDI y la SUSESO. Se detectó que algunos médicos emitían licencias para viajar o estudiar en el extranjero. Senadores respaldaron medidas drásticas y evaluación de reformas legales, proponiendo incluso penas de cárcel para médicos infractores y exigieron una "ley corta" para fortalecer el rol de la Contraloría y las superintendencias en labores de control.
La contralora Dorothy Pérez expuso en el Senado el masivo fraude detectado en licencias médicas y solicitó facultades ampliadas para la Contraloría General de la República (CGR). En la instancia, senadores respaldaron medidas drásticas y sostuvieron que evaluarán reformas legales.
Según el documento de la CGR, 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con reposo médico, lo que motivó un llamado transversal a fortalecer las atribuciones del organismo contralor.
En la sesión especial, la contralora detalló cómo el informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) permitió cruzar masivamente datos de la PDI y la SUSESO. “Este es un nuevo producto que usa tecnología para fiscalizar de manera eficiente”, afirmó Pérez, subrayando que la institución ya realiza auditorías constantes, pero ahora con mayor escala.
Asimismo, la contralora precisó que el CIC analizó 5 millones de licencias médicas y 1,2 millones de salidas internacionales. “Identificamos a 25 mil personas que incumplieron su reposo al viajar. Además, hay médicos que usaron licencias para estudiar en el exterior o emitir boletas”, reiteró en el Congreso.
Contraloría expone nudos críticos en fiscalización por licencias médicas
Pérez enfatizó la urgencia de ampliar las facultades de la Contraloría.
“Se evalúen mayores atribuciones para nuestra institución para requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos de servicios públicos o que podamos aplicar directamente sanciones luego de hacer una auditoría (…) Quisiera también más atribuciones a otros organismos que pueden ejercer el rol de control como son las superintendencias de salud”, dijo.
Durante el debate, senadores de todos los sectores calificaron el caso como “un engaño al fisco” y calcularon su costo en 300 millones de dólares, equivalente a “diez Teletones”. Asimismo, los legisladores coincidieron en exigir “tolerancia cero” ante la revelación del masivo uso fraudulento de licencias médicas.
La necesidad de una “ley corta” que priorice atribuciones ampliadas para la Contraloría y reformas a la ley de Municipalidades marcó el cierre del debate.
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