En el mes en que conmemoramos el Día Nacional contra el Femicidio en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada a los 6 años por defender a su madre de la agresión de su propio padre, el Estado de Chile comenzó a pagar las primeras pensiones por concepto de reparación a niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de mujeres asesinadas en razón de su género.
Este pago es parte de las diferentes acciones dispuestas por la Ley 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y Suicidio Femicida y sus Familias, promulgada en abril de este año.
Esta nueva normativa, que por años fue una demanda del colectivo Ni una Menos y de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, representa un significativo avance en materia de reconocimiento de la responsabilidad estatal frente a la violencia de género que viven cientos y miles de mujeres en nuestro país.
Y como todos los progresos en la materia, este también se lo debemos a la movilización de las propias mujeres.
Femicidios frustrados van al alza
Pero sabemos que reparar no es suficiente, y que a pesar de los múltiples esfuerzos realizados en la última década y de la incansable movilización de las mujeres, las cifras de femicidio no han disminuido. Por el contrario, los femicidios frustrados han continuado al alza desde 2020.
Y aunque parte de este aumento se explica porque “estamos contando mejor”, vale decir, porque hoy catalogamos como femicidio frustrado lo que antes pasaba por delito de lesiones graves, y consideramos los femicidios ocurridos en el pololeo o fuera de las relaciones filiales o amorosas, esto no nos deja tranquilas.
Según las últimas cifras del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), en 2022 hubo 43 femicidios consumados, 180 frustrados y 27 tentados.
Hasta el 12 de diciembre de 2023, según el registro preliminar de SERNAMEG, ha habido 38 femicidios consumados y 204 frustrados en el país. Estos delitos no solo han afectado a las víctimas directas, sino que a familias completas, y por gran mayoría a niñas, niños y adolescentes.
Solo en 2022, según la información del CIF, hubo 506 víctimas indirectas del total de femicidios; 429 tenían menos de 17 años.
Ley por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
Si a comienzos de este año fuimos capaces de ponernos de acuerdo y legislar inéditas acciones de reparación estatal, hoy tenemos el deber de responder a las decenas de mujeres que siguen viviendo violencia de género en nuestro país.
Porque ninguna vida sobra y reparar no basta. Tenemos la urgencia de mejorar las medidas cautelares y el seguimiento de casos, de fortalecer el rol de representación jurídica de SERNAMEG para agilizar los procesos y de incorporar en la protección del Estado, también, a niñas y niños igualmente afectados por la violencia de género que viven sus madres.
Esto buscamos con el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, y creemos que después de seis años de discusión parlamentaria es momento de llegar a un acuerdo, es momento de que sea ley.
