El crimen organizado y sus mafias, la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico son males que trascienden fronteras y buscan países donde se les persiga menos, además saben que la impunidad es mayor, comprometiendo la estabilidad y la paz que todos anhelamos.
La seguridad es un pilar fundamental para el bienestar de cualquier sociedad. El mundo interconectado también supone amenazas complejas en materia de delitos que requieren una respuesta firme y coordinada desde el Estado.
Nuestro país atraviesa la más cruda crisis de seguridad. La vemos reflejada a diario, a través de distintos titulares que destacan encerronas violentas, secuestros, asesinatos, cuerpos desmembrados, atentados, entre otros. Son muchas nuevas formas importadas y, hasta ahora, desconocidas en Chile.
La importancia de que el Gobierno asuma un papel activo en la lucha contra estas amenazas no puede subestimarse. Más allá de la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, el Estado debe abordar estas problemáticas con estrategias integrales que incluyan medidas preventivas, acciones legales efectivas y cooperación internacional de ser necesario. No puede quedar en discursos del subsecretario Monsalve, ya que la Ministra de Interior desaparece cuando se trata de estos temas y, más aún, el Presidente Boric.
Las mafias que se han instalado en el país operan con una red de complejidad sorprendente, aprovechando las lagunas en la cooperación internacional y explotando las debilidades de los sistemas legales internos.
El Gobierno debe liderar la batalla contra estas organizaciones, implementando políticas que fortalezcan las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y que promuevan la colaboración interna y con otros países más especializados en estos temas.
La delincuencia, aunque a menudo localizada en comunidades específicas, tiene raíces profundas que deben abordarse desde su origen. La inversión en educación, programas sociales y oportunidades laborales pueden ser herramientas efectivas para prevenir la delincuencia, ofreciendo alternativas a aquellos tentados por el camino equivocado.
El terrorismo no conoce fronteras. Ya son cuatro regiones las que se ven afectadas desde el primer atentado de diciembre de 1997, por lo tanto, requieren respuestas firmes. El Estado, a través de sus instituciones, debe cooperar estrechamente con las macrozonas en donde el terrorismo se ha ramificado, intercambiando inteligencia y coordinando esfuerzos para prevenir ataques y desmantelar las células terroristas. El Gobierno debe ser el mayor promotor de paz y no quien justifique la violencia.
La lucha contra el narcotráfico no solo se trata de combatir a los traficantes, sino también de abordar las condiciones que alimentan este comercio ilícito. Estrategias que incluyan desarrollo rural, educación sobre drogas y tratamiento para la adicción son esenciales para reducir la demanda y debilitar la cadena de suministro.
Sin duda, la seguridad es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, desde fortalecer las instituciones, hasta abordar las causas profundas, y el Gobierno debe liderar el camino hacia un futuro más seguro. La cooperación, coordinación y el compromiso de las instituciones y los ciudadanos son clave para construir una defensa robusta contra el crimen organizado en todas sus formas.
