La encuesta del Centro de Estudios Públicos ya no es recibida como en los años noventa y dos mil, cuando fungía de verdadero oráculo de Delfos. Hoy está precedida de innumerables estudios de opinión semanales, quincenales y mensuales que anticipan lo que luego confirma la encuesta CEP.
La CEP sigue siendo la reina de las encuestas. Es la única que mantiene su carácter presencial, es la de mayor cobertura territorial (126 comunas de todos los tamaños y condiciones) y de cuestionario más extenso y profundo. Como su periodicidad es semestral, no mide la fiebre del momento sino la gradual evolución de los acontecimientos, y tiene la virtud única de poder comparar sus resultados consigo misma a lo largo de casi 4 décadas.
Ya no sirve, hay que decirlo, como predictora de resultados electorales, porque las adhesiones son mucho más lábiles y cambian significativamente en poco tiempo. De hecho, sus responsables han sido mucho más prudentes en la introducción de preguntas de preferencias electorales directas.
Algunos han leído los datos de la última CEP como un viraje a la derecha y bien vale la pena examinar en detalle esa lectura, particularmente después que tantos observadores de la política española cometieran el error de malinterpretar el resultado de las elecciones municipales y regionales de mayo también como un giro en esa dirección que fue desmentido sólo dos meses después en las elecciones parlamentarias.
Lo que muestra la encuesta CEP, indiscutiblemente, es un aumento exponencial de la demanda de orden, anticipada por numerosos estudios de opinión en 2022 y 2023, que se expresó con mucha fuerza en el Plebiscito del 4 de septiembre del ‘22 y en las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo pasado.
En una especie de contra-estallido, los números han evolucionado vertiginosamente desde la medición de diciembre 2019 hasta ahora, en la valoración de las instituciones policiales y militares, en el señalamiento como principales preocupaciones a la delincuencia, el narcotráfico y el descontrol migratorio, en la demanda de un gobierno fuerte y en la disposición a sacrificar grados de libertad a cambio de mayor seguridad.
Es éste el cambio copernicano del escenario actual respecto de 2019, donde predominaba la demanda de cambio, lo que posibilitó el vertiginoso ascenso del Frente Amplio y luego la victoria presidencial de su abanderado, aunque el cambio de prioridades venía fraguándose y se expresó en la ventaja obtenida por Kast en primera vuelta y su importante votación (44,1%) en segunda vuelta, donde fue derrotado porque mientras el actual presidente intentó hacerse cargo de la demanda de orden, al punto de poner sus huesos y articulaciones al borde de la fractura, el candidato Republicano no se movió un milímetro para hacerse cargo de la demanda de cambio en la sociedad chilena.
El punto es que la CEP nos muestra que este crecimiento de la demanda por orden y seguridad no ha ido aparejada de aumento significativo de la identificación política y adhesión a la derecha. Mientras la auto identificación en la izquierda se mantiene en 19%, la de la derecha ha subido levemente para empatarle en la misma cifra cuando se trata de situarse en el eje izquierda-derecha, mientras la gran mayoría o se sitúa en el centro o se resiste a clasificarse en la política de la geometría.
La tesis del giro a la derecha se vio reforzada porque 10% declaró identificarse con el Partido Republicano, cuestión absolutamente previsible porque la encuesta se hizo sólo semanas después de una elección en la que 35,4% votó por la lista de consejeros constitucionales de ese partido. Los partidos de centroizquierda sumaron 10% y la izquierda radical (FA-PC) 7%,, misma cifra que los de centroderecha.
Tampoco se ha acompañado de una modificación de la tendencia liberal mayoritaria en relación a las cuestiones valóricas y culturales. Apenas 19% de los encuestados (en 2018 era el 28%) declara su opinión favorable a la prohibición del aborto en toda circunstancia, mientras 30% es proclive a legalizarlo sin condiciones (era el 8% en 2018) y la mitad de los encuestados es favorable a permitirlo en situaciones determinadas.
El país retratado en la CEP es uno mayoritariamente de centro e independiente, que no se identifica con partido político alguno; que hizo una evolución hacia el liberalismo valórico y cultural que parece irreversible; que confía en muy pocas instituciones (sólo la PDI, Universidades y Carabineros superan 50% de mucha o bastante confianza); uno que cree en la provisión mixta de bienes públicos (salud, pensiones) y desconfía tanto de la exclusividad estatal como privada; que está muy insatisfecho con la democracia pero mayoritariamente sigue pensando que es preferible a cualquier otra forma de gobierno; que a pesar de que en estos meses aumentó de 19 a 29% la demanda por líderes que defiendan sus ideas aunque eso implique no llegar a acuerdo, la gran mayoría (59%) sigue pensando que es preferible tener líderes que privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder en sus posiciones; y categóricamente, uno que se siente acorralado por la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración descontrolada y demanda liderazgos capaces de enfrentar esos problemas con decisión.
El gobierno del presidente Boric sólo saldrá de su condición minoritaria si logra sacar a su coalición de las trincheras para sintonizar con el país real retratado con precisión y profundidad por la encuesta CEP y recuperar alguna opción de romper la tendencia instalada de cuatro elecciones presidenciales consecutivas en las que Chile ha preferido la alternativa opositora al gobierno de turno.
