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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La formalización de Alejandro Venegas Osses, de 22 años, por amenazas a universidades generó interrogantes sobre la prevención de estos hechos. Quedó con medidas cautelares y se investigará su computador. No se hallaron armas ni vínculos terroristas. Surge la pregunta de cómo distinguir amenazas reales de intimidaciones. La Ley de Escuelas Protegidas tiene limitaciones. Instituciones deben investigar sin exagerar.

La formalización de Alejandro Venegas Osses, de 22 años, dejó abiertas nuevas interrogantes sobre el alcance de las amenazas contra universidades y, principalmente, sobre las herramientas disponibles para anticipar este tipo de hechos.

El sujeto fue formalizado este sábado por el delito de amenazas simples, luego de los correos que generaron temor en comunidades universitarias y llevaron a suspender actividades presenciales.

Venegas quedó con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de ingresar a las universidades afectdas. Además, el tribunal fijó 100 días para investigar. Una de las diligencias estará centrada en su computador, donde se encontraron aplicaciones que permitían conectarse a distintas direcciones IP.

La fiscal Natalia Véliz explicó que ahora deberán determinar si fueron utilizadas para enviar los correos.

Y aunque el tribunal estableció que las amenazas provocaron un temor cierto entre estudiantes y funcionarios, durante el procedimiento no se encontraron armas de fuego ni se acreditó que Venegas perteneciera a un grupo terrorista.

Es justamente ahí donde surge una de las principales dificultades del caso: ¿cómo distinguir una amenaza que puede concretarse de una intimidación que, aun sin ejecutarse, termina alterando el funcionamiento de varios recintos educacionales?

Para el experto en seguridad Carlos Collao, la Ley de Escuelas Protegidas puede entregar herramientas preventivas, pero tiene limitaciones frente a amenazas y posteriormente se amplifican a través de internet.

El episodio también puso nuevamente sobre la mesa cómo deben reaccionar las instituciones frente a este tipo de mensajes. La exministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que corresponde investigar todas las aristas, pero evitando sobredimensionar los hechos más allá de los antecedentes disponibles.

Por ahora, la investigación deberá establecer cómo se enviaron las amenazas, si participaron terceras personas y cuál fue el alcance real de la planificación. Antecedentes que serán parte de las diligencias durante los cien días decretados por el tribunal.

Consignar que el tribunal decretó prohibición de difundir el rostro del joven