El municipio de Peñalolén concretó mediante un decreto alcaldicio la destitución de Tamara Rubio, quien se desempeñaba como Directora de Administración y Finanzas (DAF) durante la gestión de Carolina Leitao como alcaldesa de la comuna.
El actual jefe comunal, Miguel Concha, presentó una querella criminal en contra de su antecesora, por los delitos de fraude al fisco y la falsificación de instrumento público.
La acción judicial subrayó que hubo un déficit de al menos $12. millones debido a la autorización de gastos por sobre la real capacidad financiera del municipio.
De acuerdo con el decreto al que tuvo acceso BioBioChile y que fue firmado por el alcalde subrogante, Alonso Grau, Rubio cometió cinco incumplimientos en la administración de Leitao.
Los incumplimientos que habría cometido la directora de Finanzas
El primero fue que no supervisó los cálculos de deuda que estaban pendientes por pagar del 2024, lo que llevó a una omisión de la contabilización y pago de facturas por un monto de alrededor de $2.300 millones.
El segundo cargo es que aceptó que se informara un saldo inicial de caja cero para el presupuesto de 2024, a pesar de que los números arrojaban un valor negativo.
Rubio lo hizo para ocultar errores en operaciones de cierre, apertura de ejercicio contable y falta de conciliación en los registros contables.
El tercer hecho fue no manejar adecuadamente los recursos financieros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional por concepto de los Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, haciendo que la inversión se utilizara para otras obligaciones.
El cuarto cargo consistió en no haber contradicho la decisión de sobreestimar los ingresos en la planificación del presupuesto municipal de los años 2024 y 2025, siendo consciente de que la cantidad era menor a lo proyectado.
La última falta se trata de no colaborar en la entrega de información contable y financiera de la Municipalidad a la Dirección de Control Municipal y a la Contraloría.
El decreto indicó que la inculpada no colaboró con la investigación, sino que dio una versión alternativa para evitar esclarecer la efectividad de los hechos.
El escrito señaló que Rubio infringió gravemente el principio de probidad administrativa y que la Dirección de Asesoría Jurídica enviará todos los antecedentes de la investigación al Ministerio Público.
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