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El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a indemnizar a Bayron Kevin Flores Cabello y su madre, luego de que el Ministerio Público incurriera en una conducta errónea que llevó al joven a estar privado de libertad injustamente por más de un año. La policía retuvo a Flores por robo en lugar habitado y con intimidación, basándose en una foto desactualizada que no correspondía a su edad al momento de los hechos. La sentencia ordena compensaciones económicas por lucro cesante y daño moral, criticando la negligencia del Ministerio Público en el caso.
El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a indemnizar a Bayron Kevin Flores Cabello (22) y a su madre, tras establecer que el Ministerio Público incurrió en una conducta injustificadamente errónea y arbitraria, que derivó en que el joven estuviera privado de libertad por más de un año pese a que no participó en los delitos imputados.
Según la sentencia, Flores fue detenido en abril de 2018 y quedó en prisión preventiva por un año y 22 días, tras ser formalizado por dos delitos: robo en lugar habitado y robo con intimidación. Luego pasó a arresto domiciliario parcial por casi cinco meses.
El fallo apunta, entre otros aspectos, a una prueba de la Fiscalía realizada con un registro fotográfico desactualizado, ya que correspondía a una imagen del Registro Civil de seis años antes, cuando el acusado tenía 16, pese a que al momento de los hechos ya era un adulto.
En lo resolutivo, el tribunal ordenó pagar a Bayron más de $5 millones por lucro cesante y $30 millones por daño moral, mientras que a su madre $20 millones por daño moral, además de reajustes e intereses.
El abogado Ramón Rojas, de Picand & Ríos Abogados, quien estuvo a cargo de la demanda por indemnización en la justicia civil, sostuvo que estos casos son bastante complejos por el alto estándar para acreditar responsabilidad del Estado. Sin embargo, destacó que se logró demostrar una negligencia grave por parte del Ministerio Público.
Además, añadió que la sentencia es sólida y contundente, aunque afirmó que impugnaron el monto del daño moral por considerarlo bajo para la cantidad de tiempo que el joven estuvo privado de libertad en Santiago 1.
En tanto, el exfiscal Rodrigo Ríos explicó que el tribunal civil cuestionó que, al investigar, no se respetaran estándares mínimos del protocolo de reconocimiento de personas y que el uso de una fotografía no representativa terminó siendo clave para fundamentar la condena indemnizatoria.
Caso que fue respaldado por el proyecto de la Defensoría Penal Pública llamado “Inocentes”, desde donde se plantea que más de 39 mil personas inocentes han estado privadas de libertad durante la última década.
La resolución fija así un precedente poco habitual en sede civil, al atribuir responsabilidad patrimonial al Estado por el actuar investigativo y por el impacto que tuvo en la vida del absuelto y su familia.
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