“Yo me acordé po hueón, de lo que tú me habíai contado entre nosotros, del tema de la pagá de favores. Dije: pero puta como va hacer transferencias este hueón”.
Para cuando la trama bielorrusa explotó, el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle Alée, intentó por todos los medios desligarse. Sin embargo, interceptaciones telefónicas hoy lo tienen en el centro de la trama por lavado de dinero, como parte del círculo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez.
El Ministerio Público lo sindica a él como uno de los encargados de blanquear los pagos que recibió Gonzalo Migueles, pareja de la otrora magistrada, a cambio de favorecer al consorcio Belaz Movitec con más de 4 mil millones de pesos mediante resoluciones judiciales.
En la misma categoría aparece el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, quien ya declaró en la indagatoria y contó cómo contrató a Migueles en su notaría por petición de la ministra.
Contratos falsos, citas en hoteles y encuentros en la carretera conforman una trenza judicial que tendrá a sus primeros tres formalizados este viernes.
Una conversación en el camino
Según consta en archivos judiciales a los que accedió BBCL Investiga, la hipótesis de la fiscalía apunta a que Ángela Vivanco, en su calidad de ministra de la Corte Suprema, favoreció al consorcio bielorruso que era representado por dos viejos conocidos suyos: los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos Herrera. A cambio de eso —sostiene el Ministerio Público— la otrora magistrada recibió pagos, a través de su pareja, por al menos 45 millones de pesos.
Aquí saltan a escena los conservadores: tanto Najle como Yáber se les imputa haber ayudado a ingresar al sistema financiero formal los pagos provenientes —según el órgano persecutor— de las coimas. Esto se sabe por conversaciones telefónicas entre los propios implicados que fueron interceptadas por Carabineros.
El caso de Najle es quizá el más evidente. La fiscalía sostiene que creó un contrato falso para dar apariencia de legalidad a los pagos percibidos por Migueles. La idea surgió —de acuerdo a la indagatoria— tras una reunión “urgente” que agendó el conservador con su abogado, Alexis Castillo Alarcón. Ocurrió el 23 de junio de 2025, en un restaurante de la región del Maule, al costado de la Ruta 5 Sur.
“Esta reunión con el abogado, como se indicará más adelante, sería el origen de la fórmula de justificar los $25 millones entregados por Yamil Najle a Migueles mediante un contrato de prestación de servicios mendaz”, reza la presentación que ingresó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, para conseguir las detenciones concretadas este martes.
Dos días más tarde, Najle y Migueles serían vistos por Carabineros en el Gran Hotel Isabel Riquelme de Chillán. En esa oportunidad, habrían vuelto a conversar sobre el método a emplear.
Un contrato falso
Según consta en la indagatoria, para intentar cubrir sus pistas Najle comenzó a elaborar una carta Gantt, para solucionar “su situación contable y financiera respecto de los pagos a Migueles”. Esto se ve reflejado en una llamada telefónica del propio conservador, fechada cuatro días después de la reunión en “Los Ganaderos”.
En la intervención se escuchó Najle decir a su interlocutor, un ex consejero regional del Maule, que estaba elaborando esa planificación, que ya sabía cómo hacerlo, pero que ese trabajo le llevaría unas dos semanas.
Así, dijo que creía que no le pasaría nada. Sin embargo, aseguró que le pesaba que hablaran más de la cuenta de él: “Me van a pelar más que la chucha”, dijo.
El excore lo interpeló. Le dijo que no actuara de “forma tozuda” y que no hiciera más “tonterías”. Najle retrucó que se habría hecho parte de este problema, puesto que en un momento se sintió “cautivado” por unos sujetos, quienes con diversas acciones lo habrían arrastrado a cometer actos ilícitos.
Una conversación familiar
Casi un mes después, la prensa ya presionaba al conservador para que diera su versión respecto a publicaciones que lo implicaban en el pago de coimas. La noche del 28 de julio de 2025 sostuvo una conversación con su “primo”. Este último le manifestó que lo habían llamado varias personas consultándole por los reportajes donde aparecía mencionado Najle.
“Yo me acordé po hueón, de lo que tú me habíai contado entre nosotros del tema de la pagá de favores, dije, pero puta cómo va hacer transferencias este hueón”, lanzó el familiar.
Najle aseguró que “no era eso”.
Para la fiscalía, sin embargo, esa conversación evidencia que el conservador había compartido con sus cercanos información respecto del pago de favores a los mismos involucrados.
Tareas deficientes
El pago de “coimas” también salpica al conservador de Puente Alto. El Ministerio Público sindica a Sergio Yáber como otro de los que participó en el esquema para blanquear los dineros. Supuestamente aquí Migueles también prestaba servicios. Pero la impresión de Yáber no era la mejor.
En una conversación fechada en septiembre de este año, se escucha al conservador hablar con una mujer llamada “Claudia”. En la oportunidad, le señaló que “en todo el tiempo que lleva trabajando con Migueles”, “sólo le ha pedido cuatro tareas”. Y todas, añade, las ha “ejecutado de forma deficiente”.
La misma interceptación es clave también para la fiscalía: Yáber le advierte a su contraparte que Najle —quien además es su “compadre”— no se “atrevía a despedirlo” y que este último “se habría puesto a disposición del Ministerio Público” con la finalidad de que los medios de comunicación “no lo sigan acosando”.
En la instancia “Claudia” le consultó Yáber, si él tenía cómo justificar los pagos. “Sí”, respondió el conservador. Y aseguró que no iba a permitir que los medios de comunicación le “tiraran mierda”.
Sin título
Yáber declaró en calidad de imputado en la causa el 23 de octubre de 2025. En su testimonio confidenció que antes de ser elegido en su cargo, conversó con Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles. En esa oportunidad les “ofreció” que si él resultaba seleccionado, podría contratar a Migueles. Más tarde, apenas asumió, recibió una visita de la suprema.
“En noviembre de 2018 sostuve una reunión con Ángela Vivanco Martínez, donde me señaló que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si se me podía dar la oportunidad de contratarlo”, atestiguó.
Y agregó: “Fue así que a partir de diciembre de 2018 él prestaría asesorías en mi oficina en Recursos Humanos”.
Según detalló Yáber, para contratarlo tuvo que “crear” dicho departamento. El acuerdo fue simplemente de palabra, con honorarios de $3 millones mensuales. Estuvo trabajando durante dos años y medio presencialmente, pero después acordaron que trabajaría a distancia la mayor parte de la semana.
En total, la fiscalía contabilizó 40 boletas a honorarios por 126 millones de pesos percibidos por Migueles de parte de ambos conservadores por sus “servicios”.
“Si bien se describen sus servicios como asesorías contables y/o laborales, según lo informado mediante oficio n°6 la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, Víctor Gonzalo Migueles no registra título concordante con las asesorías prestadas y contraprestación a cambio”, sostiene la presentación de Wittwer. Es más, “revisada la base de datos de alumnos titulados entre los años 2007 al 2024, no registra título técnico o profesional en alguna institución de educación superior durante dicho período“, acota la comunicación emanada desde el Mineduc.
La casa familiar
La georreferenciación de los teléfonos de los implicados también fue clave: gran parte de la investigación de la fiscalía se basa, justamente, en el posicionamiento de los celulares de los imputados.
Esa técnica investigativa, por ejemplo, permitió establecer que una de las ofensivas judiciales presentadas por los abogados de la compañía bielorrusa (es decir, Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos detenidos junto a Migueles) se hizo en la casa de la propia Vivanco. Ocurrió —según la presentación de la Fiscalía de Los Lagos— el 8 de agosto de 2023, cuando ambos letrados interpusieron un recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Los investigadores sostienen que las firmas digitales de ambos abogados fueron consignadas en el documento a las 23:44 horas, por lo que éste “se habría redactado y cargado a la plataforma del Poder Judicial, desde el domicilio de los investigados Vivanco Martínez y Migueles Oteiza”.
Menos de un año después, el 9 de marzo de 2024, los investigadores también posicionaron a Lagos y Vargas en la casa de Vivanco. La fecha no es casual: corresponde al cumpleaños de la ex ministra. Sin embargo, dice la fiscalía, “no se descarta la posibilidad de haya existido una reunión de otra índole”. Las sospechas son fundadas: el jueves siguiente a esa cita, el 14 de marzo, la Tercera Sala Corte de la Corte Suprema, acogió uno de los recursos presentados por los juristas en representación del consorcio bielorruso.
Una de las firmantes es… la propia Vivanco.
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