Este lunes, la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de la Universidad de Santiago de Chile (ADP USACH) presentó un reclamo ante Contraloría General de la República contra el rector de la universidad, Rodrigo Vidal. Lo acusan de obstruir labor sindical con Ley Karin.
La acción legal se suma a los recientes incidentes al interior de la universidad y las acusaciones que ha recibido el rector por un presunto gasto de $100 millones en la defensa de su elección, afirmaciones que la autoridad universitaria desmintió.
La acción busca declarar ilegal una medida de resguardo decretada por la autoridad universitaria, la cual, según los dirigentes, habría utilizado Ley Karin para obstruir la labor sindical.
El recurso presentado por la ADP Usach apunta a una “actuación ilegal y arbitraria” ejercida por el rector, quien el 22 de septiembre de 2025 decretó directamente una medida de resguardo contra todos los integrantes de Directorio de la asociación.
En concreto, la medida se enfoca en la vulneración del artículo 160 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
Gremio acusa prácticas antisindicales
Los dirigentes acusan que las medidas de protección y el procedimiento disciplinario constituyen “una práctica antisindical y una forma inédita de represalia”.
El recurso de protección se adoptó después de que los cinco dirigentes de la asociación difundieran un comunicado informando sobre la activación del protocolo institucional por parte de cuatro funcionarios del Departamento de Admisión, quienes denunciaron acoso y menoscabo.
De hecho, uno de los funcionarios, según la ADP, fue desvinculado mediante el término anticipado de su contrata.
En esa línea, sostienen que esto ha generado el efecto de inhibir las acciones legítimas de defensa y crítica que estaban realizando en favor de sus socios.
Bajo ese contexto, la asociación argumenta en un comunicado que esto “coarta el ejercicio de la función sindical y deja a los funcionarios en una condición de absoluta indefensión”.
El presidente de la ADP, Enrique Acosta, se refirió a la gravedad de las acciones del rector: “Nos parece gravísimo lo que está ocurriendo en la universidad con esta actitud de la autoridad. No se condice con un espacio democrático, libre y de debate, que dirigentes sindicales como nosotros seamos amordazados y de alguna forma maltratados también por la autoridad, solamente porque estamos cumpliendo con nuestra tarea de representación”.
Asimismo, desde la asociación indicaron que lo único que han realizado es “defender los derechos laborales de socias y socios nuestros por parte del hostigamiento de jefatura, de confianza exclusiva del rector Vidal”.
Ante esta situación, la ADP argumentó que la autoridad universitaria realizó múltiples vulneraciones:
-Libertad sindical establecida en el Artículo 19, N.º 19 de la Constitución Política, en el cual se asegura que las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica y autónoma.
–Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se establece que las autoridades públicas “deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
–Convenio N° 151 de la OIT, en la discriminación antisindical (4 N.º 1), que exige que los empleados públicos gocen de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo.
–Injerencia en la organización (5 N.º 2) que establece que las organizaciones de empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración.
Rectoría de Usach rechaza acusación
BBCL contactó a Rectoría de la Usach y respondieron que rechazan “categóricamente cualquier acusación de práctica antisindical por parte del rector o la institución”.
En esa línea, indicaron que desconocen las causas de fondo de los reclamos que presentó la ADP ante Contraloría. “Podemos constatar que la denuncia mencionada fue presentada por una funcionaria de acuerdo con el protocolo institucional establecido en el marco de la Ley Karin, el cual tiene como propósito garantizar ambientes laborales libres de acoso y violencia”.
Además, aclararon que este procedimiento “fue admitido tras la evolución jurídica correspondiente”, bajo las normativas y estándares establecidos.
En una declaración, Rectoría explicó que la única intervención del rector se limitó a implementar las medidas de protección solicitadas por la unidad jurídica, ya que “los hechos denunciados se enmarcaban fuera de las labores del cargo de la funcionaria”.
“En estos casos corresponde al rector notificar dichas medidas de resguardo, lo que se hace sin interferir ni emitir juicio de valor alguno respecto del caso”, agregaron.
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