La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fijó en un total de $80 millones las indemnizaciones que el fisco debe pagar a familiares de un fotógrafo detenido y ejecutado en septiembre de 1973 por agentes del Estado, cuyo cuerpo fue sepultado ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General.
Según la información publicada por el Poder Judicial, el fallo fue unánime. En este se confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que resolvió acoger parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por crimen de lesa humanidad en contra del Fisco de Chile.
La resolución del tribunal condenó al Estado a pagar las sumas de $2 millones, $2 millones y $3 millones a los familiares del fotógrafo ejecutado, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, en calidad de víctimas por repercusión.
Esta decisión fue confirmada por el tribunal de alzada, que además ordenó aumentar los montos señalados por la jueza Rocío del Pilar Pérez Gamboa el 25 de julio de 2024.
Así, las cifras se elevaron a $40 millones, $20 millones y $20 millones, sumando un total de $80 millones.
Fotógrafo ejecutado por agentes del Estado en 1973
Según la información contenida en el fallo de la Corte de Apelaciones, el fotógrafo fue víctima de violencia política por parte de agentes del Estado, calificada como crimen de lesa humanidad.
El 23 de septiembre de 1973, su hogar fue allanado y fue detenido por funcionarios del Ejército de Chile, quienes lo trasladaron al Estadio Nacional.
Ese mismo día, el hombre fue ejecutado con disparos en la cabeza y su cuerpo abandonado en la vía pública.
El cadáver fue reconocido por su familia en el Servicio Médico Legal y posteriormente enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.
Respecto a los familiares indemnizados, el fallo acreditó daño psíquico y perjuicios morales por la “vivencia traumática derivada de la acción de agentes del Estado“.