La Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Asofumi) ocupó las dependencias de dicho ministerio en el centro de Santiago. Los funcionarios y funcionarias exigen agilizar la tramitación de la Ley de Planta.
Según lo declarado por el grupo de dirigentes a Radio Bío Bío, no abandonarán el ministerio hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades sobre la Ley de Planta, que se está tramitando desde 2022.
Actualmente, el 90% de los funcionarios está bajo contrato, y el acuerdo desarrollado e implementado en años anteriores buscaba reducir esta cifra al 65% con trabajadores en planta. Esto se habría acordado con la exministra de la cartera, Jeannette Vega.
Hasta ahora, esta meta no se ha concretado, lo que ha generado molestia y cansancio entre los dirigentes de Asofumi.
Como medida de presión, ocuparon directamente el gabinete de la ministra, Javiera Toro.
Tras conversar con algunas autoridades y solicitar reuniones para abordar temas específicos, indicaron que permanecerán allí si no obtienen una respuesta satisfactoria sobre la tramitación de la Ley de Planta.
Esto podría implicar quedarse durante las próximas horas, la noche, la madrugada o incluso varios días, hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas.
¿En qué consiste la Ley de Planta?
El objetivo de la Ley de Planta o Modificación de los DFL (Decreto con Fuerza de Ley) de las tres subsecretarías (Servicios Sociales, Evaluación Social y de la Niñez) es generar mayor estabilidad laboral para las y los funcionarios, una demanda histórica de ASOFUMI.
Actualmente, solo el 11 % de los trabajadores está en Planta, mientras que un 89 % se encuentra a contrata. Los DFL buscan reordenar y reestructurar todos los estamentos de trabajadores, con el fin de promover la estabilidad laboral. Se pretende pasar a un 65% en planta y un 35% a contrata.
Los Anteproyectos que proponen esta modificación aún se encuentran en la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Mientras no avancen, no se podrá continuar con las etapas posteriores para finalmente ingresar al trámite legislativo.