En los últimos años, Chile ha vivido una crisis de seguridad con gran presencia del crimen organizado y aumento de delitos con homicidios. Sin embargo, de acuerdo con datos del Ministerio Público, también empieza a registrarse un alza de los robos violentos, con cifras que se asemejan a aquellas que existían antes de la pandemia e del estallido social.
Así lo informa el Boletín Estadístico del primer trimestre de 2024 de la Fiscalía Nacional, que da cuenta de que en los últimos tres años ha aumentado en un 29% estos tipos de ilícitos y que entre enero y marzo pasado se registraron 28.811 casos de robos violentos, cerca de 1.200 más que en el mismo período de 2023. Esto demuestra un alza sostenida desde 2021, cuando alcanzaron su punto más bajo: 16.619, en un contexto de pospandemia. En 2020, las cifras habían sido de 34 mil -la más alta en seis años- y 29 mil en 2019.
Respecto al total de víctimas, el boletín también muestra un alza. En el primer trimestre de este año se registraron 30.932 personas y en 2021 tuvo sus números más bajos, con 17.551 afectados por robos con violencia.
La mayoría de los afectados por estos delitos está concentrada en la Región Metropolitana, siendo la zona centro norte la que tiene las mayores cifras, con 9.207 casos, seguidos por la zona sur, con 4.463.
Según el diario El Mercurio, el exsubsecretario del Interior, Felipe Herboe, está de acuerdo con que se estaría volviendo a las cifras que el país tenía antes de la pandemia y del estallido, que significaron una baja momentánea, de acuerdo con los registros históricos del Ministerio Público.
“Las cifras revelan que lamentablemente no tenemos un quiebre de tendencia y que las políticas de prevención no están dando resultados”, afirma.
Ante este escenario, “es clave que la autoridad evalúe los planes y programas en función de resultados y no de cobertura o metas intermedias, necesitamos un uso eficiente de los recursos que se han ido otorgando en la Ley de Presupuestos”, dijo al diario.
Francisca Werth, exdirectora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, cree que el hecho de que las cifras retornen a niveles previos a 2020 “no es raro”, ya que los delitos contra la propiedad en general “fueron de la categoría más afectada por la pandemia, porque estábamos todos encerrados, entonces es lógico que bajara significativamente”.
“Que ahora estemos acercándonos casi a los 30 mil casos habla de una normalización y el problema de esa normalización de los datos es que estamos volviendo a tener los niveles prepandémicos, de la vida normal de un país, y quiere decir que todo lo que se ha hecho entremedio no tiene mucho efecto, o si tiene alguno, es en algún tipo de robos, pero no en otros (…). Hay ahí una ausencia de relación causa-efecto, suben los delitos o retornan a niveles prepandemia y no sabemos mucho por qué”, agrega.
Por su vez, la directora de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, dice que estos “son fenómenos que evidentemente tienen que atenderse, que dan cuenta, si uno los observa agregadamente en relación con las categorías vinculada a los robos violentos, por ejemplo, o las categorías vinculadas a los homicidios, que evidentemente hay un mayor nivel de violencia en los delitos que debe preocuparnos y debe invitarnos a tomar medidas en las políticas públicas”.
“Estos datos igualmente levantan la alarma (…) y significa que no podemos bajar la guardia en materia de control y persecución del homicidio y particularmente también de los delitos violentos, particularmente del de los robos violentos”, añade.
Casos relacionados con imputados desconocidos siguen altos
Francisca Werth también se refiere a la cifra relativa a imputados desconocidos que cometieron robos con violencia y que por la naturaleza del acto es difícil de identificarlos. “Siempre ha sido muy alto el número, superando el 50%” en esta categoría de delitos, “porque se cometen en flagrancia”, explica, y se asocia a características estructurales.
Morales demuestra preocupación sobre el tema porque “evidentemente genera más desafíos en términos de la identificación (…), de cómo podemos perseguirlos”.
“El Ministerio Público ha tenido una orientación en los últimos años a tratar de hacer a este imputado desconocido, conocido, a través de una investigación un poco más centrada en el sistema de análisis criminal que existe en todas las regiones (SACFI). La idea es que se pudiera consolidar esta forma de investigar que hace que salgan del caso a caso y se vaya a una mirada más agregada o amplia de los fenómenos delictuales y, de alguna manera, revertirlo”, detalla la ex directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional.