Ante la no devolución de millones de pesos pagados como horas extra, que fueron declaradas injustificadas por Contraloría, la Municipalidad de Santiago demandó a tres exfuncionarios. Uno de ellos es actualmente diputado por el Partido Republicano.

La Municipalidad de Santiago demandó civilmente a tres exfuncionarios de la administración del exalcalde Felipe Alessandri (RN), para que restituyan millones de pesos pagados como horas extra y que fueron declaradas como no justificaas por Contraloría.

Uno de los demandados en Agustín Romero, exdirector jurídico y que actualmente es diputado por el Partido Republicano.

Los otros dos son Juan Francisco García Mac-Vicar, exadministrador municipal; y José Ignacio Labbé, exjefe de gabinete.

La acción judicial busca que Romero devuelva $11.320.978, mientras que para los otros dos las cifras son de $13.918.846 y $11.112.008, respectivamente.

Revisión de Contraloría: el preludio de la demanda contra exfuncionarios

Fue la Contraloría General de la República la que se pronunció sobre el pago de horas extraordinarias en el periodo 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, esto cuando ya había asumido la actual alcaldesa Irací Hassler (PC).

El organismo encontró inconsistencias y enmendaduras en los registros de asistencia, además de horas extra no justificadas. Dichos dineros debían ser devueltos por los trabajadores que los recibieron.

Por ello, el municipio interpuso una querella contra los exfuncionarios, a los que acusó de fraude al fisco.

Además, en agosto de 2023 se enviaron cartas a los tres acusados para realizar una audiencia y regularizar el pago de los dineros ante las irregularidades detectadas. Sin embargo, ninguno asistió.

Por ende, se presentaron las demandas civiles respectivas para exigir el pago de los montos antes mencionados.

Romero acusa amedrentamiento

El diputado Agustín Romero respondió a través de un comunicado, señalando que -hasta el momento- no ha sido notificado oficialmente, por lo que “carece” de información directa y detallada sobre los motivos y alcance de la demanda.

“Considero esta demanda como un intento de amedrentamiento, cuyo objetivo parece ser obstaculizar mis esfuerzos de fiscalización hacia el Gobierno y crear una cortina de humo para proteger a sus autoridades involucradas en casos de corrupción”, agregó el parlamentario.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)