Ayer viernes 8 de septiembre se declaró admisible la querella interpuesta contra la máxima autoridad jurídica de la Municipalidad de Santiago, Julia Panez Pérez, nombrada en mayo de este año en medio de la cuestionada compra fallida de la clínica Sierra Bella que sacude a la alcaldesa Irací Hassler.
La denuncia se enmarca en la filtración de antecedentes sumarios dirigidos contra una funcionaria de salud, quien había denunciado a la anterior directora de salud Beatriz Chamorro, no solo por varias irregularidades sino también por acoso y maltrato laboral.
Chamorro está siendo investigada por el Ministerio Público por el polémico caso Sierra Bella, en cuyo proceso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa declarar como imputada a la propia alcaldesa.
Jorge Larraín Obreque, abogado de la querellante (cuyo nombre se ha pedido dejar en reserva), señala
que “he visto con sorpresa los errores no forzados por parte de las autoridades de la municipalidad de Santiago: entre despidos injustificados gozando con garantía de indemnidad, irregularidades en el otorgamiento del artículo 45 de la Ley de APS, la cuestionada compra de Sierra Bella, autoridades a plazo fijo, designación de jefaturas sin subordinados y entre otras muchas irregularidades al interior de la dirección de Salud. Había entendido que era la dignidad que debía hacerse costumbre y no la falta de probidad y las eventuales comisiones de delitos”.
“Hoy, por las excesivas faltas de irregularidad de los procesos, en la que en particular uno de mis
clientes ha sido víctima en reiteradas oportunidades, hemos interpuesto querella criminal contra la directora jurídica de Santiago, abogada Julia Panez Pérez y el abogado Gustavo Mendoza Acevedo, ambos cercanos a la alcaldesa Iraci Hassler”
La mencionada querella fue declarada admisible en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de violación del derecho sumario, la cual tiene por objeto buscar la responsabilidad en la comisión del delito de los abogados mencionados anteriormente y contra todos quienes resulten responsables. “Para ello se encuentra citada la alcaldesa Irací Hassler, para que preste declaración respecto de los hechos y la infracción del derecho relatados”, subrayó.
