El senador Manuel José Ossandón interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables en el delito de revelación de secretos en las causas en las que es investigado: eventual tráfico de influencias y en el caso por las asesorías en el Senado.

La acción judicial es para que el Ministerio Público realice una investigación “al efecto, y en virtud de los antecedentes recabados, formalice y acuse a los responsables de los referidos ilícitos, y se obtenga la condena al máximo de las penas contempladas en la ley, más el pago de las indemnizaciones civiles que procedan y las costas de la causa”.

Según se precisa en la querella, en los últimos meses se han divulgado en la prensa nacional, una serie de antecedentes correspondientes a diligencias de la investigación de ambas causas, como también de documentos recabados en las misma, elementos que sólo pueden constar en la carpeta investigativa y a la que pueden tener acceso los intervinientes, los funcionarios del Ministerio Público o funcionarios de la Policía de Investigaciones que tengan acceso a los antecedentes en las referidas diligencias.

“Buena parte de los antecedentes filtrados, están constituidos por declaraciones y otros elementos que no han sido incorporados a las respectivas carpetas de investigación, declaraciones y antecedentes recabados por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios Metropolitana, y que al momento de ser publicados por los medios de comunicación,
se mantendrían en su poder.

Precisan que en dichas filtraciones, existe la “revelación de información secreta o reservada de una investigación en curso, que se ha efectuado al margen de la ley, y que me afecta a crear un sesgo en mi contra en la opinión pública de manera ilegítima”.

Por lo anterior, es que interponen dicha querella en contra de quienes resulten responsables, como autor, cómplice o encubiertos del delito de revelación de secretos, en grado consumado, acogerla a tramitación, remitirla al Ministerio Público, para que inicie una investigación desformalizada de los hechos denunciados, y para que en su oportunidad, formalice la investigación en contra de aquellos que resulten penalmente responsables, disponga medidas cautelares personales y reales, y los acuse en su oportunidad.