Una fuerte apuesta por la televigilancia con drones se vivirá en la región Metropolitana, luego que el Consejo Regional Metropolitano aprobara $1.817.640.321 para financiar por tres años un proyecto del Gobierno Regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Según se dio a conocer, la iniciativa permitirá trabajar con aeronaves piloteadas remotamente que tendrá cámaras de alta definición, cuyas imágenes serán emitidas hacia una Central Regional de Monitoreo que ya está instalada en la Intendencia Metropolitana.
Desde allí se planificarán los vuelos, como también se realizará la coordinación con municipios y policías para guiar la actuación de los drones.
Este proyecto, que en total cuesta cerca de $3.500 millones, surge tras las situaciones vividas luego del estallido social de octubre pasado. De hecho, el Consejo Regional dice que la finalidad de la iniciativa es “detectar incivilidades, realizar patrullaje preventivo en el territorio, obtener medios probatorios ante delitos flagrantes, colaborar en emergencias, entre otros usos”.
Su éxito será evaluado por una comisión regional que estará conformada por el intendente de turno, dos consejeros regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó en un comunicado de prensa que “hoy día estos drones son muy importantes porque permiten la coordinación con los municipios y también con el Ministerio Público. Nosotros buscamos tener una acción eficiente de las policías, pero a veces no se puede actuar en el momento, por lo que para la investigación sí es importante (esta ayuda)”.
Por su parte, el presidente del Consejo, Felipe Berríos, dijo que “queremos valorar este convenio de programación que va a permitir mejorar los recursos tecnológicos para abordar un tema tan sensible como la delincuencia. Esperamos que con este aporte, sumado a los que ya hemos hecho para Carabineros y PDI, podamos tratar el tema de la seguridad en su integralidad”.
Privacidad
Actualmente, desde 2018 ya hay drones prestando labores de vigilancia en la capital con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que ha permitido detener a 307 personas.
Sin embargo, la utilización de drones ha sido criticada por la posible violación del derecho de privacidad de las personas.
Al respecto, se mencionó que la televigilancia se realiza solo en espacios públicos y “se resguarda la privacidad con un control cerrado de imágenes”.
“Para generar procedimientos se consideran dictámenes de Corte Suprema y del Consejo para la Transparencia“, se añadió.
