El abogado penalista del alcalde Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, confirmó a Radio Bío Bío que presentarán una querella en contra del hombre acusado de amenazar de muerte al jefe comunal de Recoleta.

De acuerdo a la acusación realizada por el Partido Comunista, el alcalde sufrió un intento de agresión durante el martes de la semana pasada cuando se dirigía en su vehículo a la Municipalidad de Recoleta.

En dicha instancia, Jadue habría sido víctima de una persecución por al menos 20 minutos y también habría recibido amenazas de muerte.

Detención de una persona

Tras la denuncia realizada a la Policía de Investigaciones, un hombre fue detenido y formalizado por estas amenazas sin la presencia del abogado del alcalde.

En la instancia el imputado quedó sin medidas cautelares, por lo que Sepúlveda también anunció que presentarán un recurso de apelación para que la Corte de Apelaciones revise la situación.

“Estimamos que existe total mérito para que el tribunal decrete medidas cautelares, particularmente la prohibición de acercamiento al alcalde de Recoleta. Este es un caso grave, el imputado persiguió y amenazó a mi representado, esto no fue en una cuadra, fueron 20 minutos de persecución”, acusó Sepúlveda.

Acusado

De acuerdo a la acusación inicial que realizó el Partido Comunista, el presunto agresor sería “un funcionario civil que prestaría servicios al Ejército de Chile”.

Sin embargo, desde la institución descartaron una vinculación con el acusado, añadiendo que se trata de una persona que estuvo contratada a honorarios por seis meses hace ocho años.

“Puedo asegurar que en el sistema de contratación regular del Ejército, con fondos presupuestarios del Ejército, no ha sido contratado. Su único contrato corresponde a seis meses en 2012″, aseguró el general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)