Diversas reacciones generó la determinación de la jueza del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Acevedo, quien decidió dejar en libertad al cabo primero Carlos Martínez imputado por el fatal atropello contra Jorge Mora en el exterior del Estadio Monumental.
En medio de su argumentación, Acevedo declaró que lo ocurrido fue una “conducta negligente justificada” ya que estaba peligro tanto el uniformado involucrado, como también su acompañante.
“Acá a lo más hay una conducta negligente, pero sí una conducta negligente justificada a mi criterio. Insisto, estaba en peligro no solo él, sino que también el acompañante”, declaró.
Pero, también tuvo palabras para Jorge Mora, que era hincha de un equipo que “por desgracia, tiene una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene la famosa Garra Blanca de por medio. Por desgracia, sus hinchas tienen una actitud no muy acorde a las normas sociales y al estado de derecho en general”.
“Yo me pregunto, si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar. Lo que varía es el uniforme. Por desgracia, el uniforme atrae reacciones, sobrerreacciones”, añadió.
La jueza también expresó que “aquí lo único que cambia es que es una persona con un vehículo de considerable magnitud tiene que enfrentar una situación que no es normal (…) No estamos hablando de que a él le estaban tirando flores, le estaban lanzando objetos contundentes”.
Revisa sus dichos en la audiencia:
Ante esto, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, criticó lo declarado por la jueza. “No es admisible que juzgadores utilicen prejuicios ni acudan a evaluaciones políticas, culturales o sociales personales que no sea posible desprender de los antecedentes de la causa para resolver lo sometido a su conocimiento”, dijo en un comunicado de prensa.
“La independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones solo a las leyes y a los antecedentes de la causa. También impone el deber de fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”, agregó.
Piñeiro agregó que “todos los jueces tienen opiniones personales sobre las cosas y visiones sobre los fenómenos sociales y políticos, pero precisamente la sujeción a las normas y la justificación de las decisiones es lo que permite que las personas tengan la garantía y seguridad de que sus conflictos están siendo resueltos y gobernados por las leyes, no por el arbitrio personal del adjudicador”.
