La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a Chile como responsable de la violación a los derechos humanos que fue cometida por el Estado y la Iglesia en contra de una exmonja y docente lesbiana.
La información fue dada a conocer por el Movilh, quienes señalaron que después de 11 años de investigaciones la comisión resolvió a favor de Sandra Pavez, quien desde 2007 no podía hacer clases de religión en el país por decisión de la Iglesia Católica y el Poder Judicial.
De acuerdo a los antecedentes, el 25 de julio de 2007 el vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier -a petición del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González- le revocó el certificado de idoneidad que le permitía hacer clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, lugar donde trabajaba desde 1985.
Esta determinación se adoptó luego de que la docente señalara que era lesbiana y se negara a ir a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia.
Tras esto, el Movilh presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que fue rechazado en noviembre de ese año y ratificado por la Corte Suprema en abril de 2018. Ambas entidades dijeron que no se había incurrido en ilegalidades, ni discriminación porque se actuó bajo el Decreto 924 del Ministerio de Educación que faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden impartir las clases.
Sin embargo, 11 años después, la CIDH concluyó que el “Estado de Chile es responsable por violación a la vida privada y autonomía, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, al trabajo, a contar con decisiones motivadas y a la protección judicial”.
“Me arrebataron la docencia”
Una vez conocida esta decisión, Sandra Pavez mencionó que se encuentra tranquila y emocionada porque “se avanza en justicia”.
Ante esto, añadió que hace años “me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas. Confío en que la corte hará justicia con las sanciones”.
Rolando Jiménez, dirigente del Movilh aseguró que “la determinación de la comisión es histórica por muchos motivos: por garantizar y exigir la no discriminación laboral, por decir que los abusos contra docentes LGBTI son caldo de cultivo para agresiones contra estudiantes LGBTI, por aclarar que la libertad religiosa no es argumento para excluir por orientación sexual o identidad de género y por considerar inaceptable que el Estado pretenda exculparse de
responsabilidades en torno a un poder que el mismo entregó a las iglesias”.
La comisión decidió denunciar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que resolverá las sanciones. La comisión pide que se exija la reincorporación de Pavez al cargo que ocupaba y que también se le brinde reparación y compensación económica.
Además, piden modificar el Decreto 942, efectuar un control administrativo y judicial contra las discriminaciones y capacitar a personal docente y funcionarios judiciales en no discriminación por orientación sexual e identidad de género.
