Julia Vargas Carrasco tiene 39 años, pero hace seis que le diagnosticaron una hipertensión arterial pulmonar severa que la mantiene con un medicamento que mensualmente cuesta cerca de $4 millones.

La mujer debió ser ingresada de urgencias al Hospital San Juan de Dios en 2013, instancia en la que le diagnosticaron hipertensión arterial pulmonar severa (HTP), insuficiencia tricúspide severa, TVP EEII Derecha e hipotirodismo. Posteriormente, en 2016 y 2018 ingresó nuevamente por una crisis de HTP.

Debido a su gravedad, en su último ingreso a emergencia que realizó en mayo de 2018, desde el establecimiento le suministraron Treprostinil, un análogo sintético de la prostaciclina que reduce la presión arterial e inhibe la agregación plaquetaria.

Una vez logró ser estabilizada en el recinto asistencial, la derivaron al trasplantólogo debido a que si no respondía bien al tratamiento, debía someterse a un trasplante de corazón y pulmón. Sin embargo, no fue necesario, ya que los exámenes mostraron que el Treprostinil logró que la HTP bajase de la fase 4 a la fase 1, por lo que la indicación con el medicamento quedó a permanencia.

Debido a esto, desde esa fecha que el hospital le entrega mensualmente un frasco de Treprostinil, el que es autoadministrado a través de una bomba que lo ingresa a por una sonda subcutánea las 24 horas del día. Se trata de un medicamento de alto costo que no está cubierto por la Ley Ricarte Soto -a diferencia de los demás que debe tomar y que se los entrega el hospital- por lo que cada tres meses su médico tratante debe emitir una receta y pedir el financiamiento interno.

Sin embargo, de acuerdo al relato de su familia, a principios de agosto una enfermera del Hospital San Juan de Dios, le avisó vía WhatsApp que el subdirector le había indicado que “lamentablemente el hospital no cuenta con presupuesto para estos medicamentos de alto costo que están fuera del arsenal de farmacia”.

Tras conocer esta situación, intentó comunicarse con la directora del hospital, presentó un reclamo ante la Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) de recinto asistencial e interpuso un recurso de protección.

“Me cambió la vida”

Vargas Carrasco es dueña de casa, madre de dos adolescentes y vive en Lo Prado. De acuerdo a lo relatado a BioBioChile, el comenzar a tener acceso a este medicamento -que le dura 30 días- le permite empezar a “hacer mi vida normal”.

“El medicamento ha ido evolucionando bien, me cambió la vida desde que empecé a usarlo”, añadió.

Sin embargo, comentó que “este mes me dijeron que no me lo iban a entregar más porque no tenían recursos en el hospital”.

Esta situación afectó a Vargas, debido a que aseguró que cuando no lo tiene sufre de disnea, desmayos, temblores en el cuerpo y se descompensa al bajarle la presión, además puede darle un edema pulmonar que puede ser fatal.

En caso de no tenerlo, Vargas arriesga entrar a lista de espera para un doble trasplante de corazón y pulmón, e incluso puede tener consecuencias fatales. Para evitar estar sin él en los próximos meses, organizó una rifa junto a su familia para así poder pagar los altos costos que conlleva su compra.

Recurso de protección

De manera paralela, presentó un recurso de protección para que se tomen “las medidas necesarias para la protección de los derechos a la vida, integridad física y psíquica e igualdad ante la ley”, por lo que pide que el hospital realice las gestiones para la adquisición y suministro del fármaco, mientras los médicos tratantes así lo determinen.

Tomás Ramírez, abogado de Vargas y miembro de las Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explicó a BioBioChile que la afectada “nunca ha tenido seguridad de que se lo van a dar y no hay seguridad de que continúe otorgando esto”.

Ante esto, Ramírez añadió que “ella está ingresada a la Ley Ricarte Soto, pero el medicamento que le salva la vida no está dentro del arsenal que lo cubre. El hospital con un fondo extraordinario se lo compró durante el último año”.

“Lo que buscamos es que se asegure que se le dé el medicamento mientras exista la instrucción médica de dárselo y no que cada mes tenga que estar con el temor de que se le va a acabar el financiamiento o que dependa de alguna cuestión administrativa que lo obtenga o no”, añadió.

El recurso fue declarado admisible y se está a la espera del informe del recinto asistencial.

No obstante, la semana pasada desde el Hospital San Juan de Dios le informaron a Vargas que le entregarían una última dosis para utilizarla entre agosto y septiembre, pero que después de aquello no se lo suministrarían más.

Desde el recinto asistencial en primera instancia emitieron un comunicado -según consignó Ahora Noticias– en el que señalaron que “el medicamento adicional que le refirió en su oportunidad por una vez su médico tratante no está establecido como parte del arsenal en la canasta de la Ley Ricarte Soto. Sin perjuicio de ello, la paciente está recibiendo el tratamiento necesario para su patología, según la prescripción clínica de su médico”. Sin embargo, consultados por BioBioChile, señalaron que de momento no se volverán a referir al tema.