Catalina Pizarro, una profesora de 32 años, se encuentra denunciando a la Clínica Tabancura por haberle negado en tres oportunidades la posibilidad de acceder a su interrupción del embarazo bajo la segunda causal, es decir, la de inviabilidad fetal.

Cuando Pizarro tenía 12 semanas de embarazo, le informaron que el feto tenía un higroma cervical bilateral, lo cual corresponde a una malformación del sistema linfático que provoca que se desarrollen tumores llenos de líquidos alrededor del cuello. Ademas, se le diagnosticó una acumulación de líquido bajo la piel (hidrops).

Según consignó The Clinic, en ese momento le dieron a conocer que su embarazo no terminaría, debido a que el feto iba a morir dentro del útero producto de que se le llenarían de líquido sus pulmones, hígado y corazón.

Tras conocer esto, su ginecóloga de la Clínica Tabancura, Roxana Faúndez, le habló de la interrupción de su embarazo bajo la segunda causal y Pizarro aceptó someterse a dicha acción. Sin embargo, de acuerdo al protocolo interno del establecimiento, debía pasar por el consejo de Ética de la clínica para que se acreditara la causal.

De acuerdo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se debe identificar una “patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente”, para poder someterse a la segunda causal. Esto, debe ser acreditado por dos médicos especialistas que corroboren la patología.

Según el médico obstetra del Hospital San José, Gonzalo Rubio, el higroma quístico no cuenta con tratamiento y son pocos los casos donde el tumor desaparece, por lo que la tasa de mortalidad pueden llegar a un 90%. Además, cuestionó las debilidades de la actual ley, indicando que “este es uno de los graves problemas de la ley, ¿qué pasa si no se garantiza el derecho? Los colegas hacen un diagnóstico y dicen: ‘te vemos en dos semanas, y en dos semanas y en dos semanas’, se toman todo el tiempo del mundo. Buscan que el feto se obite de manera espontánea, que fallezca dentro del útero”.

RedSalud, a quien pertenece la Clínica Tabancura, no es objetor de consciencia institucional.

Los problemas en la clínica

Cuando pidió por primera vez la interrupción del embarazado, le exigieron un examen de cromosomas, procedimiento que le costó $500 mil y debió mandarlo a hacer a Estados Unidos. La idea era descartar otras patologías, situación que quedó demostrada en los resultados. Debido a esto, le aseguraron que no podría someterse a una interrupción, ya que su patología “no estaba en la lista que la ley establecía para la segunda causal”.

De esta manera, buscó otras opiniones. El doctor Waldo Sepúlveda le recomendó aplicar la causal de inviabilidad fetal, debido a que el feto sufría de un higroma, su cuerpo estaba lleno de líquido por hidrops y su corazón no se estaba desarrollando de buena manera. Sin embargo, otro especialista de la Clínica Indisa le pidió esperar hasta la semana 22 debido a que el corazón aún no estaba completamente formado.

De manera paralela, Pizarro recibió un llamado de Eduardo Cartens, jefe de Maternidad de la Clínica Tabancura, quien le señaló que había hablado con todos los doctores y le explicó que “opinaban que no estaba dentro de la segunda causal y que él, como jefe de Maternidad y por el vínculo que tenía con mi tío, se iba a hacer cargo. Me ofreció ir todos los lunes, que me hacía un sobrecupo en su consulta y no me cobraba la ecografía para ver si seguía latiendo. Me dijo que iba a pasar en cualquier minuto (la muerte del feto)”.

La mujer fue todas las semanas a control y volvió a pedir la interrupción de su embarazo dos veces más, pero volvió a pasar lo de la primera vez: se lo negaron, pese a que sabían que el feto moriría. “Cartens me decía que estaban atados de manos, que no podían entregar la firma si no estaba en la lista, que la ley era nueva y tenía vacíos”, aseguró la afectada.

La lista a la que hacía alusión, es el documento que señala las patologías incluidas en la “Norma Técnica de Acompañamiento y Atención Integral a la mujer que se encuentra en algunas de las tres causales”. De acuerdo a este informe, se asegura que “no constituye un catálogo taxativo” y que “siempre la evaluación del caso concreto, realizada por dos diagnósticos de médicos especialistas en igual sentido, es lo que determinará la posibilidad de constitución de la segunda causal”.

Finalmente, Pizarro debió someterse a una cesaría el 5 de diciembre del año pasado cuando tenía 20 semanas de embarazo y el feto había muerto dentro del útero. En dicha instancia, según recuerda, Cartens se señaló que “yo preferí que fuera así porque es más natural. Así no tendrás carga de conciencia”.

“Pusieron trabas, trabas y más trabas”

“Me mintieron desde el principio, jugaron conmigo, siempre supieron que estaba dentro de la segunda causal y pusieron trabas, trabas y más trabas”, señaló al medio Pizarro. La profesora además demandó por indemnización de perjuicios a la clínica, proceso que está actualmente en medicación ante la Superintendencia de Salud. El objetivo de esta demanda, es que la Clínica Tabancura tenga sus protocolos para la interrupción del embarazo visibles.

La abogada de Pizarro, Francisca Millán del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, aseguró que “aquí lo que hay es una interpretación bien mañosa de los requisitos para acogerse a las causales”. “Lo que hicieron fue dilatar el proceso para que pase el tiempo hasta un aborto espontáneo, con todas las consecuencias físicas y emocionales que eso significa”, añadió.

Por su parte, la coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto, Gloria Maira, señaló que la idea de la ley era hacer el proceso de manera expedita, sin embargo, agregó que “hacen todo lo contrario. Así como tienes la objeción de conciencia declarada, ya sea individual o institucional, también hay mucha objeción de conciencia no declarada, que se da en todos los procesos de atención”.

Consultados por el medio, desde la Clínica Tabancura aseguraron que se acreditó “la inexistencia de alteraciones cromosómicas incompatibles con la inviabilidad fetal”, añadiendo que “si bien la patología del feto era grave, no era incompatible con la vida extrauterina y tampoco estaba mencionado dentro de las condiciones clínicas referidas en la norma técnica”.

Según cifras del Ministerio de Salud, este año de 350 mujeres, el 54% ha pedido la Interrupción Voluntaria del Embarazo por la segunda causal. Al ser consultados por la implementación de la ley y sus alcances de la lista de la Norma Técnica, desde el Minsal señalaron que su sistema de monitoreo “no considera como casos las sospechas sin confirmación diagnóstica, o aquellas situaciones que no cumplan con los requisitos establecidos legalmente”. Además, explicaron que hay un protocolo de derivación cuando los médicos son objetores.