Hace más de cuatro años se registró un accidente de tránsito que involucró a Bomberos y Carabineros en Gran Avenida con Cuarta Avenida, comuna de San Miguel. En la instancia, una de las aspas del helicóptero de Carabineros impactó al carrobomba B-3 que socorría la emergencia de un accidente vial.

Pese a que los informes aeronáuticos y las investigaciones de tránsito indicaron que no existió responsabilidad del conductor del carro, la aseguradora Mapfre ingresó en noviembre una demanda civil por indemnización de perjuicios ante el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, por más de $3.500 millones. En esta acción judicial se exige el pago del costo que les significó reponer este helicóptero de Carabineros.

Según la demanda de Mapfre, denuncian que existió una “negligencia inexcusable en la que incurrió el personal de la demandada, quien con grave infracción a las normas reglamentarias, que le imponían un conjunto de obligaciones y deberes de precaución, ingresó de un modo intempestivo e imprudente al perímetro o área de seguridad”.

Sin embargo, de acuerdo a Bomberos, esta demanda los obliga a “desviar recursos para las emergencias en gastos para la defensa jurídica” que podrían afectar a las comunas de San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna y El Bosque.

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Resolución de la DGAC

El 14 de mayo de 2015, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió la Resolución Exenta N°190 que señaló que la causa del accidente ocurrió por no mantener una zona segura de operación para el helicóptero y no por el conductor del vehículo de Bomberos.

Además mencionan que desde Carabineros tuvieron una inadecuada selección del área de posada del helicóptero, no dieron cumplimiento al Protocolo de Seguridad para el aterrizaje, existió una inadecuada implementación de medidas de seguridad en el área de posada y la ubicación de un furgón policial obstaculizó la circulación del vehículo de Bomberos.

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Reacción de Bomberos

El superintendente de Bomberos, José Manuel Wladdimiro, explicó que “nosotros estábamos en el lugar en una emergencia, que es propio de nuestro quehacer. No éramos ajenos a la escena que allí se vivía”.

“Esta acción civil en contra de Bomberos Metropolitano Sur, nos obliga a desviar recursos para las emergencias a un tema absolutamente imprevisto y que ya estaba zanjado por la justicia y los organismos especializados. Una defensa jurídica de esta envergadura, nos significará -independientemente del fallo- un gasto que podría oscilar entre 30 y 100 millones de pesos”, añadió.

Además mencionó que deberán postergar algunos proyectos de renovación de carros bomba y de infraestructura de cuarteles.