Cerca de 3 mil personas al año son encarceladas pese a ser inocentes, según datos manejados por la Defensoría Penal Pública.

Una de ellas es Felicindia del Carmen Palma, quien en noviembre de 2008 fue hasta un retén de San Bernardo a denunciar a su hermana Graciela, por el robo de un Play Station, según consignó La Tercera.

Sin embargo, fue retenida ya que contaba con una orden de detención en su contra por el delito de receptación en la región de Coquimbo. Pese a ni siquiera haber estado en la zona, supo que detrás de este error podría estar su hermana, quien ya había suplantado su identidad en 2001.

Tras ser trasladada a la cárcel de Illapel, fue condenada a 30 días de presidio, en un juicio donde se declaró culpable por recomendación de su abogada, sin indicar que se trataba de un error, ya que le advirtieron que la podían dejar retenida hasta encontrar a su hermana.

Tras salir, demandó a la hermana por suplantación y ganó el caso. Con ese antecedente, demandó al Estado por los errores del Ministerio Público al no corroborar su identidad en el proceso.

La Justicia falló a su favor, revocó la condena que hubo en su contra y condenó en 2017 al Estado a pagar $40 millones de pesos de indemnización. Pese a eso, aún no recibe el dinero.