La Municipalidad de Santiago ingresó una demanda civil ante el 19º Juzgado Civil por los destrozos ocurridos en las últimas dos tomas del Instituto Nacional en mayo.

La demanda fue presentada el martes por el municipio enmarcado en su política de “rompe-paga” y busca reponer $2.738.400 por parte de los apoderados de los cinco integrantes del Centro de Alumnos, según consignó El Mercurio.

“Esta política represiva que busca amedrentarnos no va a surtir ningún efecto”, sostuvo el representante de los estudiantes, Vicente Salinas, cuyos padres fueron demandados.

Esto se suma a la aplicación del Manual de Convivencia para 59 estudiantes, quienes podrían ser expulsados del establecimiento.

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El alcalde Felipe Alessandri indicó que “estoy pensando en terminar ahora el semestre y ver la posibilidad de que a los jóvenes que se les decrete su expulsión no puedan regresar a los colegios de Santiago”.