Cuatro estudiantes de Historia de la Universidad de Chile fueron absueltas del proceso que estaban viviendo hace tres años tras una querella por injurias que se había presentado en su contra.
La querella había sido presentada por el profesor, que fue destituido en 2016 de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Fernando Ramírez, a quien las estudiantes María Ignacia León, María Jesús Urquízar, Francisca Orellana e Ibania Palacios, habían acusado de acoso sexual.
Cabe recordar que esta destitución se realizó luego que un sumario administrativo que acreditó su responsabilidad en hechos de connotación e índole sexual.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad que habían presentado las alumnas para revertir la condena por injurias y también determinó que el querellante deberá cubrir las costas del juicio.
“Las publicaciones que la estudiante realizó en su Facebook personal no llegan a constituir el delito de injurias por el cual se formuló el requerimiento en su contra”, señalaron desde la Corte de Apelaciones sobre las publicaciones de María Ignacia León.
La misma estudiante agradeció el apoyo que le entregaron desde la Facultad de Derecho y señaló que “siento que ya con esto se ha marcado un precedente, con el mismo hecho que desde 2015 hayan empezado a salir de a poco más y más denuncias, porque efectivamente nos empezamos a atrever, a ver qué pasaba”.
Esta resolución también fue llamada como un “precedente” por la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Alejandra Araya, ya que la consideró como una señal clara. “Es un precedente porque a partir de este caso se movilizó la universidad hace ya dos años, para poder poner en funcionamiento el protocolo de acoso sexual. Es importante porque da una señal clara y enfática, en los tiempos que corren, que esto no es menor y es grave que en la propia Universidad de Chile no tomemos conciencia de su importancia”, indicó.
En tanto, el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, quien encabezó la defensa de las estudiantes, indicó que “la universidad actuó, como un todo, en defensa de sus estudiantes. El resultado es beneficioso no solo para ellas, sino que para toda la comunidad universitaria, porque nos permite en parte reparar el daño que se produjo”.
“Lo más importante es que nos sirve para darle sentido de urgencia a la prevención de este tipo de situaciones, reaccionar a tiempo y favorecer a que nuestros estudiantes se sientan protegidos y respetados”, agregó.
