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Corte Suprema confirma condenas a 6 funcionarios de la PDI por corrupción en Santiago
Publicado por: Piangella Obrador
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La Corte Suprema rechazó los recursos de casación y ratificó la sentencia que condenó a seis funcionarios de la PDI por su responsabilidad en una serie actos de corrupción cometidos entre 2000 y 2005.

En fallo un√°nime, la Segunda Sala confirm√≥ la sentencia que condena a Ricardo Antonio Cari Orellana a 61 d√≠as de presidio, accesoria de suspensi√≥n del cargo u oficio p√ļblico por el tiempo que dure la condena y al pago de las costas del juicio, en calidad de autor de delitos inform√°ticos, perpetrados en Santiago, en 2004.

A ello se suma 41 d√≠as de presidio, accesoria de inhabilitaci√≥n especial o absoluta para cargos u oficios p√ļblicos temporales en la misma cuant√≠a, suspensi√≥n de cargo u oficio p√ļblico durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de cohecho, perpetrado en Santiago en 2005.

Asimismo, el exfuncionario Hermes Gustavo Garc√≠a Arquero fue condenado a 41 d√≠as de presidio, accesoria de inhabilitaci√≥n especial o absoluta para cargos u oficios p√ļblicos temporales en la misma cuant√≠a, as√≠ como tambi√©n la suspensi√≥n de cargo u oficio p√ļblico durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de cohecho, perpetrado en Santiago durante 2005.

Mientras que Jorge Enrique Cari Gacit√ļa y R√≥mulo Alejandro Aitken Hellec fueron condenados a las penas de 61 d√≠as de reclusi√≥n, accesoria de inhabilitaci√≥n especial o absoluta para cargos u oficios p√ļblicos temporales en la misma cuant√≠a. igualmente, fueron suspendidos de un cargo u oficio p√ļblico durante el tiempo de la condena, as√≠ como tambi√©n el pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de soborno perpetrado en Santiago en 2005.

Patricia Yolanda Castro Arce fue condenada a 41 d√≠as de presidio, accesoria de inhabilitaci√≥n especial o absoluta para cargos u oficios p√ļblicos temporales en la misma cuant√≠a, la suspensi√≥n de cargo u oficio p√ļblico durante el tiempo de la condena,y el pago de las costas de la causa, en calidad de autora del delito de soborno, perpetrado en Santiago en 2005.

Tambi√©n, Alonso Benjam√≠n Latorre Z√ļ√Īiga fue condenado a la pena de 61 d√≠as de reclusi√≥n, accesoria de inhabilitaci√≥n especial o absoluta para cargos u oficios p√ļblicos temporales en la misma cuant√≠a, la suspensi√≥n de cargo u oficio p√ļblico durante el tiempo de la condena y el pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de soborno, perpetrado en Santiago en 2005.

En la etapa de investigación, el ministro de la causa acreditó que en diversas fechas de 2004, los funcionarios de la PDI ingresaron a la base de datos del sistema computacional de esa institución a fin de obtener antecedentes e información respecto a personas que tenían resoluciones judiciales y que ordenaban sus aprehensiones, información entregada a estos sujetos, favoreciéndolos.

Asimismo, terceros -entre los que se encontraban funcionarios de la PDI a esa fecha- se coludieron para sustraer desde la Fuerza de Tareas Sur documentos relacionados con los detenidos en investigaci√≥n efectuada en causa Rol N¬ļ 98.473, seguida por delito de tr√°fico de estupefacientes en el Segundo Juzgado del Crimen de San Miguel.

También, se estableció que una mujer accedió a información reservada de esta institución, lo que facilitó la comisión de delitos de tráfico de estupefacientes.

Finalmente, entre los a√Īos 2000 hasta abril del a√Īo 2005 aproximadamente, un sujeto con antecedentes delictuales quien conoc√≠a a un funcionario p√ļblico de una entidad policial nacional, ofreci√≥ dar un beneficio econ√≥mico a cambio de servicios a favor propio y de terceros, consistentes en facilitar informaci√≥n reservada que permiti√≥ el libre desplazamiento del sujeto y de familiares, facilit√°ndole la comisi√≥n de il√≠citos.

URL CORTA: http://rbb.cl/f339
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