La aplicación de la ley 21.057, que prioriza la declaración de menores en videograbaciones como método principal para minimizar el impacto traumático, además de otras medidas de resguardo para proteger a niños y jóvenes que han sido víctimas de delitos sexuales, ya es una realidad en varias regiones de nuestro país.

Tal como ocurrió con la Reforma Procesal Penal, el dictamen busca terminar con la revictimización o victimización secundaria que afecta a niños, niñas y adolescentes de estos ilícitos durante el proceso.

La aplicación de la norma comenzó gradualmente desde el año pasado para asegurarse que las regiones cuenten con los profesionales especializados y la infraestructura necesaria.

En este contexto se realizó una ceremonia de lanzamiento el pasado 3 de octubre en la región del Maule para la aplicación de esta nueva ley. Lo mismo ocurrió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes.

Los cambios van desde la denuncia realizada hasta el juzgamiento. Por ejemplo, en el ámbito de la denuncia se prohíbe que los funcionarios formulen preguntas a menores de edad para evitar así la revictimización de los mismos que se da por la presión para que detallen los hechos vividos.

Con la nueva ley solo quedará el testimonio prestado en la primera entrevista, el que debe ser realizado por una persona especializada y acreditada ante el Ministerio de Justicia. Es necesario aclarar que con el sistema tradicional los menores mayoritariamente tenían que prestar declaraciones frente a su agresor.

Asimismo, en el proceso de juzgamiento se facilita la aplicación de la declaración judicial anticipada con motivo de que la participación del menor concluya lo antes posible y pueda tener un proceso terapéutico.

En esa línea, el fiscal nacional, Jorge Abbot, mencionó que es un avance relevante y que la ley evita que los niños no sean entrevistados una y otra vez.

Consultado al respecto, el ministro de la Corte Suprema, Jorge Dahm, agradeció la colaboración interinstitucional y enfatizó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos.

Como un hito fue catalogada la implementación de la ley en las seis regiones por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. La autoridad enfatizó que los niños anteriormente salían dañados del proceso penal.

Luego de la puesta en marcha de la ley en estas seis regiones solo restaría la última etapa de la aplicación progresiva, donde solo faltaría la región Metropolitana.