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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, recurrió al Tribunal Constitucional para frenar su suspensión del cargo por la acusación fiscal en el caso Puerto Coronel. Su defensa sostiene que separarlo antes de una sentencia vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y la soberanía popular. El abogado Fernando Saenger pidió suspender el procedimiento y evitar que la medida sea comunicada al Servel, mientras la causa penal aún no ha sido juzgada.

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) y que busca frenar la suspensión de su cargo, tras la acusación fiscal del Ministerio Público en el denominado caso Puerto Coronel.

La acción judicial, patrocinada por el abogado Fernando Saenger, acusa que los artículos citados en la cadena normativa de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y de la Ley sobre Sistema de Inscripciones Electorales “vulneran la Constitución” al buscar separar temporalmente al jefe comunal de su cargo, sin una sentencia judicial.

En ese contexto, el recurso interpuesto denuncia que la medida, “impone, antes de cualquier condena, una consecuencia equivalente a la propia pena” y que, por lo tanto, se vulneran garantías como la presunción de inocencia, el derecho a un procedimiento racional y justo, y atenta contra el principio democrático y de soberanía popular.

Esto teniendo en cuenta que Chamorro “quedará separado de su cargo con base únicamente en la acusación del Ministerio Público”, no así un diputado o senador que, “acusado de los mismos delitos” (cohecho) solo quedaría suspendido de su cargo una vez resuelta la causa judicial.

Es por ello que el abogado Fernando Saenger, quien representa al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ante el Tribunal Constitucional, solicita la suspensión inmediata del procedimiento y de la comunicación al Servicio Electoral (Servel).

En otras palabras, se busca impedir la suspensión del cargo antes de una sentencia, a fin de evitar un daño al “mandato popular”.

Esto, dado que la imputación penal que enfrenta el alcalde coronelino “aún no ha sido juzgada”.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)