Abogados defensores en el caso Puerto Coronel fueron notificados finalmente de la acusación de la Fiscalía, cuestionando las altas penas que se pide para sus clientes.
La preparación del juicio oral fue fijada para el 13 de noviembre, mismo día en que se agendó un debate sobre la reapertura de la investigación.
El Juzgado de Garantía finalmente notificó la acusación del Ministerio Público, presentada tras el cierre de la indagatoria en el caso Puerto Coronel. La Fiscalía investigó en esta causa ilícitos que van desde el cohecho y el soborno, a la administración desleal, el uso de facturas falsas y delitos tributarios.
La fiscal Glenda Lagos ingresó el martes pasado el escrito, pidiendo llevar a juicio a siete personas, algunas de las cuales, como el exgerente de la portuaria, Eduardo Hartwig, arriesga, hasta 38 años de cárcel, mientras que para el alcalde Boris Chamorro y el ex concejal Eduardo Araya, la solicitud es de 8 años de prisión.
El abogado que defiende a este último, Andrés Cruz, admite que Araya recibió dineros, pero asegurando que fueron ingresos a cambio de trabajos realizados por el edil para el puerto y que, por lo tanto, es inocente de los cargos formulados.
“Nos parece una petición completamente desproporcionada respecto de una persona que tenía facultades legales para poder desenvolverse en trabajos paralelos al que corresponden a un concejal, distinto de otros funcionarios públicos y sin perjuicio de que simplemente se optó por seguir las instrucciones que se le habían conferido para los efectos de emitir los documentos tributarios respectivos para justificar las labores que a él le eran solicitadas”, señaló Cruz.
En igual sentido se manifestó Gastón Barril, por el acusado Daniel Chamorro, quien no ocultó el rechazo por la conclusión que sacó la Fiscalía a partir de la evidencia en el caso de quien se desempeñara como ejecutivo de Puerto Coronel.
“Ellos son soberanos en solicitar al tribunal la pena que ellos estimen conveniente, de acuerdo a los cálculos y la apreciación que ellos hacen respecto a la participación de cada uno de los imputados. Y ahí nosotros no podemos, no te puedo hacer mayores comentarios. Obviamente nosotros no compartimos la totalidad de la apreciación del Ministerio Público”, aseveró Barril.
El tribunal programó para el 13 de noviembre la preparación del juicio oral, misma fecha otorgada para la audiencia pedida por las defensas de otros dos imputados -el ex proveedor del puerto Hernán Romero y el exgerente Eduardo Hartwig-, quienes buscarán reabrir la investigación, solicitando realizar una serie de diligencias.
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