Más de $732 millones en recursos públicos han sido destinados a la construcción, mitigación y posterior rediseño del gimnasio del Liceo Bicentenario Almirante Pedro Espina Ritchie (A-21) de Talcahuano, recinto que lleva más de una década sin poder ser utilizado por sus estudiantes.
Ante esta situación, la diputada del Partido Republicano Paz Charpentier inició una serie de gestiones para aclarar el destino de los recursos y determinar eventuales responsabilidades por una obra que beneficiaría a cerca de 700 alumnos.
En ese contexto, la parlamentaria se reunió en Santiago con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana María Hübner, para abordar las posibles acciones relacionadas con el caso.
El gimnasio fue construido en el marco de la reconstrucción del establecimiento tras el terremoto y tsunami de 2010. Sin embargo, la estructura presentó graves problemas antes de que las obras pudieran concluir.
En 2015, un peritaje del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile determinó que los marcos de madera laminada que sostienen la estructura “no son recuperables”, debido a deficiencias en su diseño estructural.
Desde entonces, el gimnasio permanece inutilizable.
De acuerdo con antecedentes entregados por la Seremi de Educación del Biobío en respuesta a un oficio de Charpentier, inicialmente se destinaron $549.669.910 provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la construcción del gimnasio, incluyendo modificaciones de contrato.
A ello se sumaron $86.395.872 aportados por el Ministerio de Educación para instalar camarines provisorios, cierres perimetrales y protecciones como medidas de mitigación.
Otros $49.750.461 fueron destinados por el municipio al cierre perimetral del patio cubierto habilitado para las clases de educación física.
Además, se desembolsaron $46.990.800 para diseñar un nuevo gimnasio. Dicho proyecto está terminado desde junio de 2021, pero hasta ahora no ha sido ejecutado.
En total, los montos informados alcanzan los $732.807.043.
“Aquí se perdieron cientos de millones de pesos en una estructura que no ha podido usarse. No puede ser que el Estado, es decir, todos los chilenos, pague el error, nadie responda por él y los estudiantes continúen sin una infraestructura educacional adecuada”, sostuvo Charpentier.
El problema se arrastra desde hace años. En 2016, antecedentes conocidos a través del Consejo para la Transparencia daban cuenta de que el Ministerio de Educación había puesto a disposición del Consejo de Defensa del Estado el informe del IDIEM referido a la situación del gimnasio.
Más recientemente, en agosto de 2026, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, aseguró públicamente que la estructura debe ser demolida debido a problemas estructurales.
Tras su reunión con Hübner, Charpentier anunció que oficiará formalmente al CDE para conocer qué vías permanecen disponibles para determinar responsabilidades por lo ocurrido.
“No estoy pidiendo condenas anticipadas. Estoy pidiendo algo mucho más elemental: que las distintas instituciones revisen los antecedentes, determinen qué acciones siguen vigentes y persigan a quienes resulten responsables“, afirmó la diputada.