Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La fiscal Glenda Lagos solicitó 20 días más para investigar el caso Puerto Coronel, tras diligencias pedidas por las defensas de Eduardo Hartwig y Michelle Prater. Hartwig enfrenta cargos por soborno y Prater por administración desleal en la compañía. Se indagan facturas falsas que habrían perjudicado a Puerto Coronel en $626 millones. El juez Daniel Ortiz autorizó la ampliación, sin oposición de querellantes como el SII.
La fiscal Glenda Lagos solicitó 20 días más para la investigación en el caso Puerto Coronel. Lo anterior, tras diligencias requeridas por dos defensas.
Una de ellas, la de Eduardo Hartwig, formalizado por soborno, administración desleal y delitos tributarios, donde su abogado solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) la copia de un escrito presentado por la compañía.
Mientras que la defensa de Michelle Prater, quien fuera gerenta interina de Puerto Coronel, pidió diligencias respecto a la declaración de dos testigos y que corresponden a un exgerente general y un exjefe de contabilidad de la empresa.
Recordemos que Prater fue formalizada por administración desleal. Esto, por “omitir acciones destinadas a impedir los desvíos de dineros” de Puerto Coronel, pese al “deber que tenía de salvaguardar el patrimonio de la compañía”.
Según el Ministerio Público, las facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados de Hartwig, a través de su empresa, la sociedad de inversiones Codegua Ldta, además de otros pagos como “supuesta proveedora” del puerto, habrían generado un perjuicio para la compañía de 626 millones de pesos.
Sin embargo, su defensor penal privado, Rafael Gómez, no descartó que dichas asesorías se realizaran antes de que la ejecutiva norteamericana asumiera dicho cargo y, de ser así, evaluaría pedir su sobreseimiento.
Los querellantes, como el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y el propio Puerto Coronel, no se opusieron a la solicitud de la Fiscalía. A su vez, la portuaria recuperó sus derechos como acusador tras la separación de causas.
Así las cosas, el juez Daniel Ortiz sentenció que esta corresponde a la última ampliación en la indagatoria.
Se espera que, tras los 20 días, se fije una audiencia para cerrar la investigación y con ello la acusación fiscal del Ministerio Público.
Recordemos que la causa indaga delitos tributarios, económicos y de corrupción, siendo uno de los imputados el alcalde de Coronel, Boris Chamorro.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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