En prisión preventiva quedaron 20 de los 23 imputados como miembros de una red criminal vinculada al Tren de Aragua. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Concepción tras dar por acreditados los delitos imputados y al establecer que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad.
Fueron tres maratónicas audiencias donde se revisaron los antecedentes recabados en una investigación que incluyó una serie de allanamientos. En la audiencia, la Fiscalía formalizó por graves delitos, como la asociación criminal, el secuestro, homicidio y tráfico de droga, entre otros, a 23 personas dedicadas al crimen organizado en el Gran Concepción.
Del grupo, solo dos quedaron sin cautelares, uno con arresto domiciliario total y los 20 restantes con prisión preventiva.
El fiscal Michelangelo Bianchi explicó que “dada la gravedad de estos hechos y el número de delitos que se le imputaba a esta organización criminal, principalmente a sus líderes, brazos operativos y otras personas que formaban parte de aquella, se solicitó la cautelar de prisión preventiva, lo que fue decretado por el Tribunal de Garantía de Concepción”.
La mayoría de los imputados están representados por la Defensoría y ocho por abogados particulares, entre ellos Andrés Méndez, quien subrayó la reserva que tiene la causa, pero adelantando que apelará las medidas cautelares.
Líder reporta detenciones en Perú
De acuerdo a antecedentes obtenidos por Radio Bío Bío, el grupo se dedicaba a ofrecer seguridad a pequeños empresarios venezolanos, quienes al no pagar por los servicios eran objeto de extorsión, amenazas y robos. Quien dirigía la banda estaba vinculado al Tren de Aragua, confirmó el fiscal Bianchi.
“El líder de esta asociación, un sujeto apodado ‘Volteo’, aparecía con detenciones en Perú con delitos comunicados con el Tren de Aragua”, detalló el persecutor. Otros sujetos también tendrían relación con esa banda extranjera.
Entre las pruebas recopiladas hasta ahora por la PDI contra el grupo hay interceptaciones telefónicas, las que dan cuenta de las conductas ilícitas. El tribunal dio un plazo de seis meses para completar la investigación, que podría sumar más detenciones.