Con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al Departamento de Obras Municipales de Lota, en la región del Bío Bío, quedó la arquitecta y exjefa de Edificación formalizada por negociación incompatible.
El Ministerio Público la investiga por elaborar proyectos particulares que ella misma aprobaba en función de su cargo y ante lo cual arquitectos externos otorgaban sus nombres y firmas a cambio de dinero.
Los ocho casos que investiga la Fiscalía se registraron entre 2018 y 2023, y corresponden a la regularización de viviendas y locales, ante lo cual la exjefa de Edificación del Departamento de Obras Municipales elaboraba proyectos particulares que ella misma aprobaba, pero que eran firmados por arquitectos externos.
La causa, en una etapa desformalizada, se extendió por casi tres años, donde las diligencias por allanamientos y el levantamiento del secreto bancario quedaron en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Regulación de iglesia evangélica
Uno de los casos investigados corresponde a la regulación arquitectónica de una iglesia pentecostal de la población Gabriela Mistral.
Según la Fiscalía, la exjefa DOM identificada por orden del tribunal con las iniciales P.A.H.R. le habría indicado al pastor que el permiso “se encontraba caducado y que los trámites necesarios para su regularización tendrían un costo total de 1.300.000 pesos, exigiendo el pago de 70% del valor por adelantado”.
En ese contexto, un integrante de esa congregación realizó transferencias bancarias a favor de la imputada por un total de 910 mil pesos por concepto de anticipo, desconociendo en ese momento su calidad de funcionaria municipal, ya que el proyecto sería firmado por otro arquitecto. Sin embargo, una vez conocido su cargo en la corporación edilicia, desistieron de sus servicios particulares.
No puede acercarse a DOM de Lota
La profesional fue formalizada por negociación incompatible. El defensor penal privado, Raúl Bustos, explicó que su representada quedó con firma quincenal ante Carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse al Departamento de Obras Municipales de Lota.
La estrategia de la defensa será la de colaborar en la investigación, desestimando, en principio, delitos como el cohecho y el soborno, como apunta el Consejo de Defensa del Estado.
Por otra parte, no descarta alegar una medida de prescripción en algunos de los casos debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos.
Cabe señalar que otras dos arquitectas —quienes habrían facilitado sus nombres y firmas— fueron formalizadas por negociación incompatible en calidad de cómplices. Se trata de P.A.B.H. y P.A.B.R., quienes quedaron con firma mensual y arraigo nacional. El plazo inicial para investigar es de 120 días.
Por orden del tribunal, no se puede dar a conocer el nombre de las imputadas.
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