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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía Regional de Ñuble presentó en la Corte de Apelaciones de Concepción una querella de capítulos contra la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, por su presunta participación en una red de corrupción judicial junto a dos abogadas y sus esposos. La magistrada está imputada por prevaricación y se sospecha de su intervención en casos donde las abogadas representaban a imputados por narcotráfico.

La Fiscalía Regional de Ñuble ingresó en la Corte de Apelaciones de Concepción la querella de capítulos contra la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, vinculada a una red de corrupción judicial conformada, según la Fiscalía, por dos abogadas y sus respectivos esposos, un exfiscal y un exdefensor penal.

La acción legal es necesaria para que el Ministerio Público formalice a la magistrada, quien actualmente está imputada por el delito de prevaricación.

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En ese sentido, la Fiscalía tendría antecedentes sobre la intervención de la jueza en causas donde las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, amigas personales, representaban a imputados por narcotráfico.

Entre las primeras resoluciones que debe dictar la Corte penquista es pedir a la jueza de Garantía sus descargos por escrito, ante de citar a una audiencia para escuchar los alegatos tanto del Ministerio Público como del defensor de la imputada.

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La próxima semana sería ingresada una segunda querella de capítulos, ahora en contra del destituido fiscal Rodrigo Durán, imputado en la investigación como autor del delito de violación de secreto.

En específico, al expersecutor se le responsabiliza de haber entregado a su cónyuge Andrea Romero antecedentes reservados de causas por tráfico de drogas.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)